Zamarripa, el fiscal estatal de Guanajuato cuestionado por ola de violencia

IRAPUATO. Guanajuato vive la peor oleada de violencia de su historia, tan sólo junio fue uno de los más violentos con un total de 339 homicidios dolosos, de acuerdo con el reporte diario de homicidios dolosos que publica el gobierno federal, por lo que es cuestionada la actuación del fiscal general del estado, Carlos Zamarripa, quien ha permanecido por 11 años.

Ayer Zamarripa compareció ante los legisladores donde informó sobre los hechos ocurridos en el anexo de Irapuato, donde confirmó que son ya 27 los muertos por ese ataque y que el hecho es relacionado con la disputa que mantienen los grupos delincuenciales en el estado y que a la fecha hay 26 personas detenidos por agresiones a los centros de rehabilitación.

Carlos Zamarripa inició literalmente desde abajo en el escalafón de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, a donde llegó como agente del Ministerio Público; fue jefe de zona en León, director de Averiguaciones Previas en León, coordinador de la Policía Ministerial, subprocurador de Investigaciones Especializadas y el 23 de febrero de 2009 quedó como encargado de despacho, y a partir de entonces, Procurador General de Justicia de Guanajuato, ahora Fiscalía, cargo que ha ocupado con tres gobernadores.

No obstante, a partir de 2015 la violencia en Guanajuato comenzó a aumentar por la disputa de grupos criminales que empezaron a llegar al estado para el control de la venta de droga y luego estos grupos comenzaron a escindirse para formar otras agrupaciones. De ahí surgió el llamado Cártel Santa Rosa de Lima, que a partir de 2017 explotó el delito el robo de hidrocarburo.

En 2017 y 2018 registraban meses violentos, con cifras históricas en homicidios. Fueron varias las voces que pedían un cambio en la Procuraduría y en la Secretaría de Seguridad Pública estatales, pero el entonces gobernador Miguel Márquez decidió mantener a ambos titulares.

Con el cambio de gobierno, Carlos Zamarripa también se mantuvo al frente de la procuraduría estatal. El gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo justificaba que el nombramiento de Zamarripa Aguirre como fiscal general era responsabilidad del Congreso del Estado; sin embargo, el 15 de febrero dijo que los resultados de Zamarripa lo avalaban e incluso advirtió que no sólo metía las manos al fuego por él, sino también autoridades de Estados Unidos, por sus resultados en materia de procuración de justicia.

En la relación con el gobierno federal salen a relucir los “otros datos”, que cada uno posee y ambos encierran una verdad y una realidad, y hace unos días Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, aseguró que indagarán si existen conductas o imputaciones ilegales de Zamarripa, ya que Guanajuato lleva cinco años de ser un infierno de violencia. Dijo que la detención de la madre de José Antonio Yépez Ortiz, El Marro fue un montaje orquestado por la Fiscalía del Estado.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, por su parte, cuestionó también que Zamarripa lleve este tiempo en el cargo sin que haya resultados.