CHIHUAHUA. Siete organizaciones, albergues y redes de la sociedad civil denuncian que a un año del trágico incendio de la estación migratoria en Ciudad Juárez, donde murieron 40 hombres y 27 resultaron con lesiones físicas y daños neurológicos de por vida, ninguna de las 42 personas sobrevivientes ha recibido una reparación del daño.
Ayer, el Congreso de Chihuahua exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) la prisión preventiva para el comisionado del INM, Francisco Garduño, toda vez que asegura que su libertad pone en riesgo la investigación en su contra y la de otros funcionarios involucrados en el incendio de hace un año. Hay 11 personas vinculadas a proceso, entre ellas, Garduño Yáñez, quien sigue al frente del INM, y el excoordinador de Control y Verificación Migratoria, Antonio Molina Díaz, quien se encuentra prófugo. Hasta hoy, no existe ninguna sentencia condenatoria.
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De acuerdo con 69 recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigidas al INM, desde 2018 ha habido 41 motines y cuatro incendios en protesta por las condiciones inhumanas de detención. La administración de Andrés Manuel López Obrador registra el mayor número de muertes de personas migrantes en custodia del INM con 55.
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