La Secretaría de la Función Pública (SFP)sancionó con la destitución del cargo einhabilitación por 10 años a un servidor público dePemex, quien es el primer empleado relacionado con el casoOdebrecht, además se le impuso una sanción económicasuperior a los 119 millones de pesos,
La titular de la SFP, Arely Gómez, señaló queMéxico, a través de la dependencia es el únicopaís en América Latina que hasta el momento hainhabilitado a Odebrecht para concursar en futuras contratacionespúblicas.
Consideró que cuatro años de inhabilitación a esafirma tienen un impacto importante en las finanzas de cualquierempresa, y está determinación fue dada a conocer endías pasados por la SFP.
Sin embargo, es importante reiterar que ésta es sólola primera resolución emitida dentro de una investigaciónque dio lugar al inicio de ocho procedimientos sancionatorios decarácter administrativo.
De los ocho procedimientos, en tres de ellos, el Poder Judicialde la Federación concedió una suspensión definitivapara que la SFP no emita resoluciones correspondientes, lo cual fueimpugnado por la propia Secretaría en defensa de los interesesdel Estado Mexicano.
Añadió que seguirán trabajando e informando paracontinuar abriendo canales de comunicación más clarosentre gobierno y sociedad, que permitan dar a conocer losresultados de las acciones que la dependencia lleva a cabo.
Emilio Lozoyapodrá acceder a carpeta de investigación del casoOdebrecht
Recordó que hace alrededor de un año dieron inicio enreacción inmediata, las investigaciones conducentes y unaauditoría transversal al día siguiente que se tuvoconocimiento de los hechos.
Añadió que el tema se ha dado a conocer con absolutorespeto a los principios constitucionales y reglas procesales, losresultados de las auditorías y expedientes deinvestigación iniciados, así como el estatus legal deaquellos que siguen en trámite.
Por su parte, el coordinador General de Órganos deVigilancia y Control de la SFP, Christian Noé RamírezGutiérrez, explicó que el servidor público de Pemexsancionado tuvo alguna responsabilidad en la ejecución o enlos pagos relativos a uno de los contratos llamado Tula 1 de larefinería de Hidalgo.
Dejó claro que la SFP no tiene que ver con lainvestigación del tema del soborno, porque carece defacultades para solicitar información de cuentas bancarias nide acceder a declaraciones juradas, toda vez que es un tema delMinisterio Público y la PGR es la única instituciónque tiene la representación en el extranjero para actuar.
Explicó que como resultado de la investigaciónaperturada el 22 de diciembre del año pasado en el casoOdebrecht, la SFP ha iniciado hasta este momento ochoprocedimientos administrativos: cuatro contra la empresaconstructora y sus filiales, dos contra sus representantes legalesy dos más contra servidores públicos de Pemex.
Abundó que de estos ocho expedientes, tres estánsuspendidos por amparo; dos recayeron en inhabilitaciones a laempresa, a servidor público y la multa de 119 millones depesos; y tres procedimientos administrativos están pendientesde resolver, uno contra la empresa, otro contra representanteslegales y uno contra un servidor público.
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