MEXICALI. Seis exfuncionarios del gobierno de Jaime Bonilla Valdez fueron vinculados a proceso por peculado y por uso ilícito de atribuciones y facultades en la contratación de la empresa Next Energy para la construcción de una planta fotovoltaica. Uno de los imputados es el jefe de la oficina del gobernador de Sonora, quien ayer renunció al cargo.
En mayo de 2020, el gobierno de Baja California encabezado por Bonilla Valdez adjudicó a la empresa Next Energy un contrato para la construcción de una planta fotovoltaica que suministraría energía eléctrica al acueducto Río Colorado-Tijuana que surte de agua potable a los municipios de la costa del estado.
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El 14 de junio de 2021, el exmandatario colocó la primera piedra de la obra, ubicada en el kilómetro 26 de la carretera Mexicali-San Felipe, sin que se tuvieran los permisos federales, estatales, ni municipales para la misma.
A principios de este año, la actual gobernadora Marina del Pilar Ávila anunció que la planta fotovoltaica representaba un golpe a las finanzas del estado, pues su costo alcanzaba los 12 mil millones de pesos, por lo que en mayo, luego de una acuerdo con Next Energy se canceló, sin embargo, se presentaron denuncias contra los funcionarios que aprobaron la obra, incluidos el exgobernador Jaime Bonilla y el exsecretario de Gobierno, Amador Rodriguez Lozano.
La carpeta de investigación señala que el gobierno de Jaime Bonilla pagó avances de la obra sin que se hubieran realizado, además de que se utilizaron participaciones federales que estaban destinadas a otros rubros.
Luego de varias audiencias y de la investigación por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), ayer fueron vinculados a proceso por este caso el extitular de la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua, Luis Salomón N; la exsecretaría de Infraestructura, Desarrollo y Reordenamiento Territorial, Karen N, el exsecretario de Hacienda de Baja California, así como Rodolfo N, quien hasta ayer era jefe de la oficina del gobernador de Sonora.
También serán procesados los exoficiales mayores, Adalberto N, Marco Octavio N, e Israel Clemente N, y el representante de la empresa Next Energy, Alberto Julio N.
El juez de control Bernardo Ahumada desechó los cargos contra Amador Rodriguez Lozano, quien también se presentó a la audiencia, debido a que el Ministerio Público no presentó pruebas suficientes para acusarlo.
El exsecretario general de Gobierno testificó que su firma aparecía en los contratos con Next Energy ya que era parte de su trabajo, pero que no intervino en las contrataciones. Actualmente se desempeña como coordinador general de relaciones interinstitucionales en el gobierno de la Ciudad de México a cargo de Claudia Sheinbaum.
Los acusados llevarán su proceso en libertad ya que el juez sólo impuso la medida cautelar de presentarse a firmar al juzgado a cinco de los imputados.
La audiencia de vinculación a proceso se prolongó durante cuatro días con horarios extendidos de hasta 15 horas de debate, donde hubo presentación de pruebas y testigos en la sala 6 del Centro de Justicia de Río Nuevo.
El subsecretario de Planeación, Presupuesto e Inversión Pública de la Secretaría de Hacienda, declaró ante la Fiscalía General del Estado (FGE), que los fondos utilizados para pagar los avances de dicha obra eran de participaciones federales presupuestadas para planteles educativos, becas y jubilaciones.
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Como parte del caso, el gobierno de Baja California también denunció a Banca Afirme por la retención de 127 millones de pesos de participaciones federales que fueron depositados en cuentas para el pago de la planta fotovoltaica. Estas cuentas fueron congeladas por un juez federal en septiembre pasado.
Un contador testificó ante agentes del Ministerio Público que fue contratado para la revisión de contratos y se percató de que no estaban acreditados los pagos que se realizaron de los avances a la empresa constructora, encontró recibos de construcción, pero no comprobantes de pagos ni facturas de los mismos.
El contador explicó a la Fiscalía General de Baja California que el importe obligado que debía pagar el estado a la constructora ascendía a 29 mil 930 millones de pesos, mientras que el monto de las cuatro constancias de inversión equivalían a 11 mil 886 millones de pesos, sin que hubiera evidencia de la construcción de la planta fotovoltaica, cuyo predio que está ubicado por la carretera a San Felipe es un lote baldío.
Publicado originalmente en La Voz de la Frontera
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