La juez de control, Delia Valentina Meléndez, negó la solicitud de sobreseimiento del caso en contra del exgobernador de Chihuahua, César Horacio D.J.
Lo anterior, debido a que no encontró motivos por el cual el Tribunal Superior de Justicia debería desechar las acusaciones contenidas en la causa penal 3041/2019, en donde se acusa al exmandatario por el delito de Peculado y Asociación Delictuosa.
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Según afirmó la defensa legal del exmandatario, el delito por el que se le acusa al exgobernador priista, no son meritorios de prisión preventiva, sino que podrían iniciarse por la vía administrativa y no por lo penal.
Asimismo, la defensa argumentó que los delitos de Peculado y Asociación Delictuosa por los que se le acusa al imputado, ya prescribieron, es decir, sobrepasaron su caducidad.
De igual forma, se expuso que se incumplió con varios requisitos del procedimiento, como el de la violación de la presunción de inocencia, el proceso que consistente en que el Congreso del Estado ordenara a la Auditoría Superior del Estado iniciara procedimiento penal, así lo establecen la Ley Orgánica del poder Legislativo y la ley de Auditoría Superior del Estado, vigentes en la fecha de los hechos.
Otro de los puntos presentados por la defensa fue el de la integración de expedientes incompletos en donde se omitió incluir los detalles del proceso de extradición del imputado y el hecho de que tras una legislación aprobada, el caso debería ser analizado por la Fiscalía Anticorrupción y no por el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado.
"Es una burla al sistema", aseguran abogados de Duarte
Los abogados del exgobernador manifestó su inconformidad por la resolución de la juez.
“Esta defensa muestra enérgicamente su inconformidad con este diferimiento ya que el Gobierno del Estado por medio de su Consejero alega que por no poder abrir los archivos digitales de las pruebas ofrecidas por la defensa, necesita dos meses más, ya que al no poder conocer su contenido se violan sus Derechos Humanos”, dijeron.
Asimismo, señalaron que era una burla al sistema de justicia y externaron su preocupación por el gobierno de Chihuahua al estar representado por Consejo Jurídico incompetente.
"No sólo es una burla al sistema de Justicia, sino una pena y más aún, debe ser una enorme preocupación para la sociedad chihuahuense, que su Gobierno esté representado por un Consejero Jurídico que ni siquiera puede distinguir entre los Derechos Humanos que son inherentes y propios de los humanos y las facultades que le asisten a las autoridades", concluyeron.
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Publicado originalmente en El Heraldo de Chihuahua
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