La Fiscalía Especializada en Delitos relacionados con Hechos de Corrupción obtuvo la vinculación a proceso de uno de los probables implicados en el desfalco de 9.5 millones de pesos al Ayuntamiento de San Luis Potosí, y por el cual había una denuncia presentada por la actual administración que encabeza Xavier Nava Palacios.
En audiencia inicial de más de diez horas, se aportaron los datos de prueba suficientes para que el Juez de Control determinara que el imputado, Gerardo “N.”, fuera vinculado a proceso por los delitos de enriquecimiento ilícito y robo equiparado calificado, decretándole la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
El plazo que dio la autoridad judicial para investigación complementaria es de cuatro meses, lapso en el que las partes involucradas portarán mayores elementos de prueba.
La denuncia sobre este hecho está relacionada con el desfalco de 9.5 millones de pesos en agravio de la las finanzas del Ayuntamiento de San Luis Potosí, por los actos cometidos de marzo de 2019 a octubre de 2020, cuando un funcionario que se desempeñaba en el área de Tesorería Municipal, presumiblemente alteró documentación para lograr la obtención de diversas cantidades de dinero del erario público.
Ello, a través de la modificación de cheques que le habían sido confiados de acuerdo a sus funciones para ser entregados en pagos derivados de algunos procedimientos legales, mismos que con posterioridad cambió en varias operaciones bancarias, en su beneficio y de otras personas, incrementando su patrimonio ilícitamente.
La Fiscalía Especializada en Delitos relacionados en Hechos de Corrupción pudo conseguir datos de prueba, información suficiente, idónea y pertinente para judicializar la carpeta abierta por ese asunto.
El señalado acudió a la audiencia inicial y luego de imputarle los delitos de enriquecimiento ilícito y robo equiparado calificado, el Juez de Control decretó la resolución ya indicada, por lo que ahora estará en prisión preventiva en el centro estatal de reinserción social, en tanto trascurren los meses de la investigación complementaria, para que la autoridad judicial determine su sanción final por los hechos que se le señalan.
Las indagatorias por este caso se mantienen a fin de poder deslindar la participación de más posibles involucrados.