La reforma a la Ley de Amparo impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada en la Cámara de Diputados, es una “chicanada” que atenta contra los intereses de los ciudadanos y un acto más de autoritarismo, de los muchos que comete la llamada Cuarta Transformación.

El presidente de la comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado diputado Edmundo Azael Torrescano Medina, señaló que “es un acto más de autoritarismo que busca perpetrarse y que estoy seguro que los ciudadanos se van a percatar de este tipo de acciones que son en perjuicio de la mayoría”.

Adelantó que el tema terminará en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “tenemos confianza que las acciones de inconstitucionalidad o controversias que se presenten sobre esta reforma tengan los alcances, puesto que en todo caso debe haber sido una reforma que fuera sobre la Constitución, pero como no tienen la mayoría calificada, es una chicanada que utilizaron para poder generar esta oportunidad con la modificación de la Ley de Amparo.

Añadió que “si hubiera transparencia, si hubiera legitimidad, si hubieran en este gobierno mecanismos que garanticen que las obras faraónicas se construyeron atendiendo a la legalidad, no habría necesidad de esta chicanada”.

Torrescano Medina explicó que “las suspensiones de amparo es como dejar las cosas congeladas, que nadie se mueva hasta no revisar la legalidad. Y lo que hicieron con esta reforma es desaparecer esta suspensión con efectos generales. Vamos a decir, si alguien promoviera un amparo contra un acto de autoridad, por ejemplo, con una ley que atentara contra los derechos de los trabajadores, no tendría efectos sobre todos los trabajadores, sino nada más contra el que promovió el amparo”.

Por ejemplo, con el tema de las pensiones, donde el gobierno se quedará con los ahorros en las Afores, “no tendría efectos generales una inconformidad, se llama, efectos contra todos, sino sólo sobre los que promovieron amparo. Por eso es un retroceso para los derechos de las garantías que tenemos en nuestra Constitución, porque al final de cuentas lo que buscan los jueces es un equilibrio para que, a pesar de que se tengan las mayorías en la Cámara de Diputados o cuando se genere un acto que pueda ser en perjuicio de la gente, propiamente no se vaya a lograr que se violen estos derechos humanos”.

Puntualizó Edmundo Torrescano que “se van a promover las acciones de inconstitucionalidad y las controversias en su oportunidad para que no se deslegitime esta acción ciudadana y un derecho que tenemos todos los mexicanos”.

“Este mecanismo es una estrategia para que la aplanadora que tienen en el tema de votos en la Cámara de Diputados en esta dictadura que estamos viviendo no exista un equilibrio de poderes. O sea, un acto más de autoritarismo de la 4T”.