El juez federal de Estados Unidos Brian Cogan que preside el caso contra el mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán fijó hoy una audiencia para el próximo 30 de octubre, luego de que la defensa del alegado líder del Cartel de Sinaloa hiciera reclamos contra la fiscalía.
La defensa de Guzmán, que la semana pasada pidió se aplace el inicio del juicio, previsto para el 5 de noviembre, para inicios del 2019, sometió nuevas mociones al tribunal federal del distrito de Brooklyn para pedir al juez que impida a la fiscalía usar nueva evidencia para apoyar el cargo contra su cliente de mantener una empresa criminal.
El Gobierno de EE.UU. presentó al tribunal este mes evidencia relacionada con 17 nuevas presuntas víctimas de conspiración de asesinato en las que estaría involucrado Guzmán como jefe del Cártel de Sinaloa, que tiene previsto usar en el juicio.
"La acción deliberada del Gobierno de someter 17 nuevas víctimas de conspiración de asesinato es una violación a su derecho constitucional al debido proceso de ley y le evita tener un juicio justo y la oportunidad de defenderse", señala la defensa en el documento enviado a Cogan, dado a conocer hoy por Eduardo Balarezo, uno de sus abogados.
A través de las audiencias que se han realizado previo al juicio, la defensa de Guzmán se ha quejado de que la fiscalía no ha parado de enviar gran cantidad de evidencia, miles de páginas y de grabaciones, la más reciente hace dos semanas, lo que impide que la puedan revisar e investigar dicha información.
La fiscalía había informado previamente a la defensa, el pasado julio, que presentaría evidencia de 20 presuntas víctimas de conspiración de asesinato, como parte de sus argumentos para sostener el cargo de mantener una empresa criminal.
Pero, la fiscalía eliminó cuatro nombres de esa lista y los sustituyó por 17 nuevos nombres, lo que notificó a principios de este mes a la defensa, sólo dos semanas antes de iniciar el juicio, de acuerdo con el documento.
La fiscalía sometió el último nombre de esa lista el 17 de octubre.
"Cómo lo vamos a defender" si nombran 17 nuevas alegadas víctimas a sólo dos semanas del juicio, dijo Balarezo a Efe.
"La fiscalía tiene que presentar pruebas y nosotros defenderlo", argumentó.
La fiscalía les envió además hace un mes 14.000 páginas de nueva evidencia de los que 3.500 están en inglés, lo que impide a Guzmán poder revisarlos sin la ayuda de traductores de su equipo de defensa. La defensa acompañó el documento con foto de la evidencia que denuncian ha sido enviada tarde por la fiscalía.
La fiscalía les envió además 117.000 grabaciones poco antes de que se fijara la fecha del juicio, recuerdan además en el documento enviado a Cogan.
La defensa se quejó también de que el tribunal le haya permitido a la fiscalía que se demorara en nombrar a algunas de las presuntas víctimas bajo el argumento que dar a conocer sus nombres (sólo al tribunal y la defensa) identificaría a testigos del caso (lo que es aún una gran interrogante).
Igualmente impugnan que la fiscalía no haya dado a conocer a la defensa su intención de prácticamente duplicar la lista de presuntas víctimas de la conspiración.
"Es físicamente imposible para los abogados revisar, investigar y prepararse para defenderlo contra los nuevos alegatos de conspiración. Como resultado es además imposible asegurar a Guzmán el derecho al debido proceso de ley y una asistencia efectiva de su defensa si la corte sigue permitiendo al Gobierno continuar, como tiene la intención", afirman.
Guzmán fue extraditado a Nueva York en enero del 2017 y se le presentaron 17 cargos, que recientemente fueron reducidos a once luego de que la fiscalía desestimara algunas acusaciones y desde entonces está en una cárcel federal en Manhattan bajo extremas medidas de seguridad, tras escaparse dos veces de cárceles en México.
Según el documento, desde entonces la fiscalía ha hecho lo imposible para que no se defienda.
Recuerdan al tribunal que el fiscal también tiene la obligación de tratar cada caso con justicia y respeto a los derechos del acusado. Lo contrario, afirman, niega el debido proceso de ley.
"La manera en que el Gobierno se está conduciendo resultará en que el juicio sea un espectáculo y donde culpable es una conclusión inevitable", afirman
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