Hay un intento de México por imponer en Estados Unidos su propia legislación pasando por encima de la Segunda Enmienda que garantiza a los estadounidenses la libre portación de armas de fuego, acusó el abogado de las armerías de ese país durante la audiencia de apelación en la que el gobierno mexicano planteó llevar a juicio a los fabricantes por ser parte de la violencia que se vive en el país.
“Le piden que aplique la ley mexicana a la regulación de las armas de fuego estadounidenses en este país (...) Eso significa que su fabricación y venta no se regirían únicamente por las leyes de responsabilidad civil de México, se regirían por las leyes de responsabilidad civil de todos los países del mundo”, dijo durante la audiencia Noe Francisco, abogado de Smith & Wesson que habló en nombre de todas las empresas involucradas.
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El representante legal de las armerías dijo que la demanda de México abriría a que países como Rusia y China improvisen fácilmente una denuncia que busque interferir en las leyes de Estados Unidos por medio de litigios.
El gobierno de México está apelando la negativa de la corte de Boston a llevar a juicio a las armerías estadounidenses como responsables de la violencia en el país al facilitar a los cárteles de la droga el acceso a armas compradas en los Estados Unidos.
En septiembre pasado, el juez de distrito en Boston, F. Dennis Saylor, desestimó la denuncia contra Smith & Wesson Brands Inc Sturm, Ruger & Co y otros fabricantes al argumentar que la ley federal estadounidense prohíbe responsabilizar a las armerías por el uso que se les den.
Con la demanda, México busca obtener hasta 15 mil millones de dólares de indemnización y un ajuste mayor en la legislación aplicable para la compra-venta de armas en Estados Unidos.
Noe Francisco, quien también fue procurador general durante la administración de Donald Trump, acusa que el gobierno mexicano busca pasar por encima de la Segunda Enmienda que garantiza a los estadounidenses la libre portación de armas de fuego.
Tras la audiencia, el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alejandro Celorio, quien es considerado el cerebro detrás de la demanda, reviró que uno de los argumentos presentados por México es que el derecho sustantivo que tendría que aplicar en este caso es el del lugar donde se sufre el daño.
“Esa es una cuestión de conflicto de leyes. Entonces nosotros decimos, a ver, Corte el derecho sustantivo de la Ley de daños que tendría que aplicar es el de México, porque el daño (causado por el comercio negligente de armas que deriva en su tráfico ilícito hasta las manos de los cárteles) se sufre en México”, dijo en entrevista desde Boston.
Tras ser cuestionado directamente por los jueces sobre las posibles implicaciones que conlleva la demanda en contra de la Segunda Enmienda, el abogado de las armeras, insistió que en su opinión, México únicamente busca obtener una orden judicial que regule la fabricación y venta de armas de fuego en Estados Unidos lo que tendría efectos paralizantes en la capacidad para adquirir armas en ese país.
“¡Oh, estoy seguro de que hay implicaciones de la Segunda Enmienda en este análisis! Porque estamos hablando de una demanda que tiene efectos potencialmente paralizantes en la capacidad de los propietarios de armas de fuego particulares para obtener armas de fuego (...) Pueden ver que la única razón por la que presentaron esta demanda en Estados Unidos es porque quieren una orden judicial que regule la fabricación y venta de armas de fuego en este país”, respondió Noe Francisco a pregunta expresa del panel que revisó el caso y que tiene entre sus integrantes a los jueces Gustavo Gelpí, Lara Montecalvo y William Kayatta Jr.
En entrevista con El Sol de México, Celorio respondió que el derecho mexicano tiene que aplicar en lo que concierne al Derecho de Daños, “es decir, cuestión de responsabilidad civil, negligencia, debido cuidado y demás. Nosotros no nos metemos con la Segunda Enmienda en nada”, detalló.
Frente a los argumentos dados por la defensa de la industria armamentista en donde se lavan las manos al asegurar que ellos están debidamente regulados y no es su responsabilidad lo que los compradores finales hagan con su producto, Celorio, hizo énfasis en señalar que omiten decir que por los últimos 20 años hay información de que sus productos aparecen en escenas del crimen en nuestro país “y no hacen algo para para disciplinar a su cadena de distribución y evitar que sus productos le lleguen a México”.
Por su parte, en su turno para defender la postura de México, los abogados Steve Shadowen y Jonathan Lowy insistieron en que si bien la legislación estadounidense ofrece ciertas inmunidades a la industria de las armas en contra de demandas por responsabilidad civil, estas no aplican por daños ocurridos en nuestro país con lo que el litigio tendría que proceder.
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Se espera que la Corte de Apelaciones para el Primer Circuito emita entre seis y ocho meses un fallo al respecto y de resultar favorable para México, las armeras tendrían que pagar hasta 15 mil millones de dólares de indemnización".
Sobre el tema, el excanciller, Marcelo Ebrard —principal promotor de la demanda y quien renunció para promover su candidatura presidencial para 2024— dijo que es "extraordinariamente positivo" lo acontecido ayer en la corte de apelaciones respecto a la demanda de México contra las empresas fabricantes de armas "a pesar de que la decisión pueda demorar meses.
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