Mujeres de México y el resto del continente buscarán que los mandatarios que asistan a la próxima Cumbre de las Américas, que se celebrará del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, California, aprueben una norma o marco legal para el continente que despenalice el aborto para caso de violación y garantice educación reproductiva para las más de 350 millones de mujeres que viven en la región.
Hasta ahora, sólo Cuba, Argentina, Uruguay, Guyana y Guayana Francesa han regulado el aborto, mientras en el extremo contrario están El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Haití que prohíben, sin excepciones, la interrupción voluntaria del embarazo.
Entre ambos extremos se abre todo un abanico de condiciones, restricciones y vetos que van desde el establecimiento de periodos de gestación para la interrupción del embarazo hasta su aprobación sólo si existe riesgo de muerte para la madre.
En México es legal en casos de violación, malformación del feto o que ponga en riesgo la vida de la mujer. Además de que algunas entidades como la Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Durango, Baja California, Colima, Sinaloa y Veracruz está despenalizado en las primeras semanas de gestación.
La no criminalización de las mujeres que abortan es una de las 88 recomendaciones que organizaciones de mujeres desde Canadá hasta Argentina, incluidas 25 de México, elaboraron en los trabajos previos a la IX Cumbre de las Américas, a la que se espera asistan los presidentes y jefes de Estado de la mayoría de las naciones de la región.
La lista de propuestas, a la que El Sol de México tuvo acceso, plantea, además, la creación de un Sistema Único de Salud Latinoamericano, a través del cual, los gobiernos se comprometan a incrementar su presupuesto en salud mental para mujeres y niñas víctimas de abuso sexual, así como garantizar servicios esenciales, como primeros auxilios y casas de acogida a víctimas de violencia intrafamiliar.
“En pleno siglo XXI, no hay igualdad económica y laboral para las mujeres de todo el continente, por lo que esta Cumbre representa la mejor oportunidad de influir en los presidentes y fortalecer el papel de las mujeres latinoamericanas en la vida política, económica y social”, dijo Miriam González, integrante del Instituto Para las Mujeres en la Migración, una de las organizaciones mexicanas que participaron en la elaboración de las recomendaciones.
De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el continente, 118 millones de mujeres viven en situación de pobreza, 23 millones más que en 2019.
La discriminación, violencia o la desigualdad son sólo algunos de los factores que afectan a las mujeres y que convierten a la región en una de las que presenta una mayor brecha de género.
Datos de la CEPAL señalan que 28.6 por ciento de las mujeres no tienen ingresos propios, mientras que entre los varones el porcentaje es de 10.4. Además, la tasa de participación laboral femenina cayó en 2020 hasta 46 por ciento mientras que la de los hombres estaba en 69 por ciento.
Ante este panorama, las organizaciones de mujeres proponen promover y crear sistemas nacionales de cuidados, que incluyan la cobertura de servicios de salud a las trabajadoras no remuneradas, guarderías y se vinculen a los servicios de prevención y atención a la violencia contra las mujeres.
Asimismo, plantean que las mujeres y niñas sean empoderadas capacitándolas en ciencias y tecnologías, se promueva el entrenamiento a mujeres sobre resiliencia en casos de desastres climáticos y sobre mitigación de la crisis climática desde la enseñanza básica.
“Consideramos esencial que los presidentes que acudan a la Cumbre se comprometan a apoyar a las mujeres para que pasen de ser microempresarias a macroempresarias, fortaleciendo los liderazgos y creando cooperativas que les permitan alcanzar este crecimiento, recurrir a fondos y préstamos que les apoyen en esta economía emergente”, afirmó Teresa Gutiérrez, integrante de Por La Superación De La Mujer A.C, otra de las organizaciones mexicanas que estará presente en la Cumbre.
El encuentro será la ocasión propicia para revisar los avances en las acciones a favor de las mujeres, acordadas desde la Primera Cumbre de las Américas, celebrada en Miami, en 1994, y que contemplaban reconocer y respetar plenamente todos los derechos de las mujeres como condición esencial para su desarrollo individual y para la creación de una sociedad más justa, unida y pacífica.
Los gobiernos se comprometieron, desde entonces, a promover políticas que aseguren que las mujeres disfruten de la protección plena de sus derechos legales y civiles.
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Además, incluirían un enfoque de género en los proyectos de cooperación y planificación del desarrollo, y promoverían la realización del potencial de la mujer, elevando su productividad a través de la educación, la capacitación, el desarrollo de sus habilidades y el empleo, lo que a consideración de Gutiérrez, se ha quedado, en la mayoría de los países “sólo en el papel”.
“Ya son casi tres décadas desde los primeros compromisos y los avances realmente son pocos, mínimos, diría yo porque si bien se ha reducido la brecha de género en aspectos como la ocupación de puestos de poder por mujeres, en cuestión económica ha habido retrocesos”, afirmó en entrevista con este diario.
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