TUCSON. El fiscal general del estado de Arizona, Mark Brnovich, demandó al gobierno de Estados Unidos por frenar la construcción del muro fronterizo con México y terminar con el programa conocido como “Permanecer en México”.
Arizona solicitó a una corte federal anule estas decisiones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ya que, asegura, viola la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA).
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“Es el pináculo de la hipocresía para la Administración (del presidente Joe) Biden afirmar que quieren proteger nuestro medio ambiente, sin hacer cumplir las leyes para este propósito”, dijo Brnovich en un comunicado de prensa.
El fiscal argumenta que DHS no proporcionó declaraciones del impacto ambiental cuando se detuvo la construcción del muro fronterizo, proyecto estrella del expresidente Donald Trump.
Y también por permitir la entrada de migrantes al país al poner fin al programa de Protocolos de Protección a Migrantes (MPP), llamado “Permanecer en México”.
En el marco de esa política de Trump, cerca de 70 mil solicitantes de asilo fueron devueltos a México desde 2019 una vez llegaron a la frontera de EU, pero Biden la canceló y comenzó a permitir que unos 25 mil empezaran a ingresar a EU a la espera de que se resolviera su pedido de asilo.
Arizona dice que ello aumenta el flujo migratorio y la población, indicando que “el crecimiento de la población tiene impactos ambientales significativos”.
En tanto, el presidente Joe Biden anunció a sus elegidos para ocupar seis puestos en DHS, entre los que hay un jefe policial y una activista que, de ser confirmados por el Senado, se pondrán al frente de agencias migratorias clave.
Para dirigir la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Biden seleccionó al jefe de la Policía de Tucson, Arizona, Chris Magnus, muy crítico con las medidas migratorias del gobierno de Donald Trump.
De ser ratificado en el puesto, Magnus se convertiría en el comisionado de la agencia encargada de la vigilancia de las fronteras del país.
Otra de las figuras destacadas nominadas por Biden es la activista Ur Mendoza Jaddou, de padre iraquí y madre mexicana, para el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EU (USCIS), la agencia que gestiona el sistema migratorio y los procesos de naturalización, según un comunicado de la Casa Blanca.
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