Las muertes por el derrumbe del edificio de Bolívar 168, enla colonia Obrera tras el sismo de hace 27 días se pudieronevitar. La negligencia de los dueños y la falta de una mejorregulación por parte de las autoridades permitieron que latragedia sucediera.
El caso omiso a una recomendación del Centro Nacional dePrevención de Desastres (Cenapred) hecha en 2004, uso de sueloindebido y probable empleo de documentación falsa demuestranla indolencia que llevó al desastre y la posible comisiónde varios delitos, entre ellos el de homicidio culposo.
El Sol de México tiene en sus manos copias de documentosoficiales e información que respaldan lo anterior.
En el lugar, resguardado por la Secretaría de SeguridadPública federal, hoy podemos ver un acordonamiento con unaviso que indica “inmueble en investigación”,algunas de losas que fueron removidas para rescatar a las personas,así como flores y consignas que dejaron grupos de feministasque exigen justicia.
A los hechos se suma la poca información por parte de lasautoridades, quienes no han transparentado qué empresaslaboraban ahí, cuántas personas e, incluso, haycontradicciones, pues mientras el subsecretario de DesarrolloHumano de la Ciudad de México, Miguel Ángel Vázquez,dijo que eran 21 los cuerpos rescatados; Protección Civilfederal, en su página de internet, indica que son 15.
En el caso del derrumbe de la colonia Obrera, de delegaciónCuauhtémoc, reina la omisión y la opacidad.
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Alerta en 2004
En octubre de 2004 el Centro Nacional de Prevención deDesastres (Cenapred) advirtió sobre anomalías en laestructura del edificio de Bolívar 168 y recomendó hacerreparaciones y un estudio más profundo, lo cual no sehabría realizado.
“Mi impresión es que esa estructura debió serreforzada o constatar cómo ésta iba a soportar un sismo.Lamentablemente nosotros nada más llegamos a unarecomendación. Al parecer el dueño no lescumplió”, dijo Óscar López Bátiz,ingeniero investigador del Cenapred que realizó elestudio.
La dependencia federal realizó el “Informe sobre lascondiciones de seguridad estructural de la edificación dondese encuentra la delegación en el Distrito Federal de laProcuraduría Agraria, ubicada en Bolívar 168, coloniaObrera, México, D.F.”. Desde hace al menos seisaños la procuraduría ya no tiene oficinas en ellugar.
En el texto se señala que “el inmueble cuenta coninstalaciones no originales (...) Los puntos de apoyo de estasinstalaciones hacia la losa de azotea no coinciden con los ejes detrabes y la localización de las columnas de los nivelesinferiores”.
López Bátiz explicó que esto se refiere a que seamplió la construcción en la azotea sin tomar enconsideración la carga que representaba y el lugar donde serealizó, ya que no coincidía con las columnas, y aunqueel peso fuera poco significativo, si generaba irregularidad.
Asimismo, se agregaron otras instalaciones a la estructuraoriginal, como fueron los cubos de servicios y elevadores. Elestudio indica que los primeros 5.6 metros de construcción delfrente no coinciden con la posición de trabes y columnas, porlo que posiblemente fueron erigidos con posterioridad.
“El estado de deterioro que guardan algunas partes, porfalta de mantenimiento en la zona del cubo de servicios yelevadores de la estructura es de consideración, lo que es unindicativo de un programa de mantenimiento insuficiente”,indica el informe.
De hecho, en un comparativo realizado en google maps, sedistingue que entre los años 2009 y 2016 no se hizo nisiquiera el mantenimiento a la pintura exterior del inmueble.
Sobre grietas hace referencia que se observan en los muros demampostería de la parte sur y en las, siendo el anchomáximo de una hallada en el cuarto piso (donde se encontrabala Procuraduría) de aproximadamente 1.0 mm, lo que sí esde consideración, mencionó.
También se señaló, hace 13 años, que seidentificaron grietas en las trabes producto de un incipienteproblema de adherencia, lo que quiere decir que el material deconcreto en algún momento pudo empezar a desprenderse de lasvarillas (castillos).
Aunque no se sabe aún de forma precisa qué fue lo quecausó el derrumbe del edificio de Bolívar 168, elingeniero Óscar López señala que lo queprincipalmente falla en las estructuras que no resisten los sismosson las columnas y los muros.
De los cálculos que se hacen en losas y trabes, asícomo columnas y muro “yo llego a un coeficiente deresistencia del edificio, en este caso dio 0.11, significa que sien esa zona el edificio debería tener una resistencia de 40%de la gravedad, para el estado actual de la sismicidad queconocemos, pues solamente tenía el 11%”.
Aclaró que eso no significa que el inmueble se vaya a caer,sino que se va a mover mucho y tal vez, también incida el queno tenga los estribillos (anillos de los castillos) suficientespara soportar el movimiento que le va a generar el terremoto.
Esto, en conjunto con las otras fallas ya ponía al edificioen vulnerable y fue por ello que en el apartado de recomendacionesse pide que se haga un trabajo de análisis máscompleto.
“Este estudio lo pueden hacer de manera másprofunda, se utilizan equipos, sacan un pedazo de concreto ycalculan la resistencia. Si no hay planos, también loselaboran. Ya con los planos se hace un análisis riguroso quedetermina si hay una estructura que hace falta reforzarla”,explicó.
Zona Cero, prediosderrumbados por sismo
Ley de corto alcance
El sismo de 1985 cambió las reglas de construcción delentonces Distrito Federal. Ingenieros, arquitectos, legisladores,así como gobernantes buscaron la manera de garantizar laseguridad de los capitalinos frente a los sismos, una constante enla ciudad que se ve maximizado por la condición del tipo detierra, que en su mayoría es de tipo blando.
Las condiciones de construcción cambiaron tras el sismomás grande que se haya vivido en la épocacontemporánea, juntos con los nuevos lineamientos sepensó que aquellas edificaciones anteriores al 85deberían ser reforzadas.
“En un mundo ideal sí (debieron ser reforzadas),pero no podemos obligar al dueño a que invierta en unarevisión y que invierta en un reforzamiento, en especial si eledificio no presenta evidencia de comportamientoanómalo”, dijo el ingeniero López Bátiz.
Actualmente, recordó, existe la recomendación delgobierno de la ciudad, en la que no obliga a que se refuercen losedificios, pero sí a que se revise.
El artículo 329 bis del Código Penal del DistritoFederal contempla una pena de 4 a 6 años 6 meses deprisión a los directores responsables de obra (DRO) ocorresponsables que no cumplan con la normatividad, así comola suspensión para desempeñar su profesión u oficiohasta por el mismo periodo igual a la pena de prisiónimpuesta.
Esto podría cambiar, luego de que el pasado jueves eldiputado local Luis Alberto Chávez García presentara unainiciativa que propone “aumentar la pena de 8 a 10años de prisión y la suspensión definitiva de lacédula profesional. La misma sanción para al propietariodel inmueble, su representante legal o el constructor que teniendoconocimiento permita la edificación sin apego a la licencia,autorización, permiso, registro a la normatividad”.
En entrevista telefónica, el legislador indicó que laintención es que los DRO sean más conscientes cuandohagan los trabajos bajo la consigna de que si no cumple, entoncessí irán a la cárcel, pues actualmente pueden pagarfianza.
“La propuesta ahora también incluye al propietario,quienes deben tomar en cuenta a la gente, especialmente cuando sontrabajadores. Si tú como dueño sabes que tienedeficiencias tu estructura y que se puede caer, pues tambiénentras en responsabilidad”, aseveró.
El edificio que cayó se encuentra justo a lado de laescuela Simón Bolívar. Una de las alumnas contó aeste medio que las maestras de los grupos que se encuentran en elprimer piso los replegaron a las pared, mientras que los del primerpiso empezaron a evacuar.
La niña narró que el temblor movió la escuela,pero que el mayor susto fue cuando escucharon el estruendo de lacaída del inmueble aledaño que derribó un muro,afortunadamente éste no era parte de los salones.
En esa primaria hay 284 alumnos en 10 grupos, y en el sitio“Mejora tu escuela” se advertía que no contabacon salidas de emergencia, y hasta el momento permanececerrada.
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Los responsables
El caso del edificio de la colonia Obrera, DelegaciónCuauhtémoc abrió recuerdos del 85. En el sismo de eseaño también sucumbió una de las varias fábricasde costura que había en la zona, a sólo doskilómetros, y donde actualmente se encuentra un monumento enrecuerdo de las mujeres que murieron ahí.
Documentos del Registro Público de la Propiedad y elComercio de la Ciudad de México, cuyas copias tiene El Sol deMéxico, dan constancia del predio desde 1944, y reconoce comoúltimo propietario a la empresa Inmobiliaria Inmobico,representada por Alberto Cojab Sacal, que compró el inmuebleen marzo de 2016 al Grupo Garaz, representado por Abraham RoffeCherem.
Grupo Garaz adquirió la propiedad en diciembre de 2012; sudueña hasta 1990 fue la señora Luz Sabathie, hija de losprimeros dueños, y quien al morir no dejó beneficiariosdel usufructo heredado por sus padres.
Así queda la lista de dueños que no atendieron elllamado de alerta de la Cenapred.
Para el abogado Jesús González Schmal hay un delitoque perseguir y se requerirá de una demanda por parte de losfamiliares de las víctimas ante la FiscalíaDesconcentrada de Investigación en Delitos Ambientales y enMateria de Protección Urbana (Fedapur).
“El propietario del inmueble fue requerido por laautoridad (Cenapred) para hacer determinadas refuerzos oaseguramientos de la construcción, si no es que tambiénalgunas demoliciones con nuevas medidas de seguridad, si estapersona fue requerido para ello, pero desobedeció, incurre enun delito de omisión que puede llegar, si hubo víctimashumanas, hasta un homicidio culposo, toda vez que habiéndosepodido evitar la consecuencia de lo que era una amenaza, élfue omiso”, aseguró.
En este caso, como se trata de una empresa, quien haya sidonombrado responsable, generalmente el director o presidente,sería quien asumiría la responsabilidad, y no los sociosen general, explicó el abogado.
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