10 asociaciones civiles presentaron una carta donde denuncian irregularidades en la designación de Juan Luis González Alcántara Carrancá por parte del Senado de la República como nuevo integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Destacaron que el proceso se caracterizó por "ser uno de los más cerrados a la participación ciudadana y poco transparentes" y que representa un retroceso en materia de designaciones públicas.
Entre las irregularidades identificadas por el grupo, señalan que:
- Careció de criterios claros de idoneidad, donde el Ejecutivo Federal envió una terna sin fundamentar las razones de idoneidad de las y el candidato por encima de otras personas, es decir, no se señaló qué tipo de auscultación o elementos se tomaron en cuenta para determinar de un gran universo de personas que podrían cumplir con los requisitos formales.
- No hubo condiciones para la participación ciudadana, toda vez que el Ejecutivo y el Senado realizaron un proceso de ratificación opaco y sin una discusión pública amplia. Cabe señalar que a pesar de que la sociedad civil hizo reiterados pronunciamientos y observaciones al proceso y sobre la idoneidad de las personas candidatas, éstas no fueron tomadas en cuenta, evidenciando una actitud ajena a prácticas de Parlamento Abierto que se habían garantizado con anterioridad.
- No se realizó un escrutinio sobre la información que presentaron el y las candidatas, ni fue publicada por ningún medio oficial.
Sobre las entrevistas de los candidatos realizadas por la Comisión de Justicia, subrayan que "no contaron con el tiempo suficiente para hacer un análisis serio sobre los perfiles y posturas, por el contrario, evidenciaron un proceso poco serio y con prisas".
En conclusión apuntan que el "Senado ilustra cómo las designaciones están en función de arreglos políticos en lugar de considerar criterios como la capacidad e independencia de los perfiles. Este escenario dista de designaciones que generen confianza y legitimidad en nuestras instituciones, por el contrario, abonan a una fragilidad institucional. La llamada 'cuarta transformación' atraviesa por cambiar estas prácticas y garantizar un buen gobierno.
El documento está firmado por Artículo 19 México y Centroamérica; Borde Político; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Equis Justicia para las Mujeres; Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD); Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE); Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB); México Evalúa; y Observatorio Ciudadano Designaciones Públicas.
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