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Durante los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) firmó al menos 744 contratos de importación o de adquisición de armamento por un monto de seis mil 862 millones de pesos. De estos, 182 convenios se establecieron con alguna de las empresas que la administración de Andrés Manuel López Obrador demandó ante una corte federal de Estados Unidos la semana pasada.
Los 182 contratos equivalen a 24 por ciento de todos los convenios firmados y de los que El Sol de México tiene copia. En cuanto a dinero, representan un monto de tres mil 194 millones de pesos, indica la documentación entregada por la dependencia militar en respuesta a una solicitud de información.
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Esto quiere decir que casi uno de cada dos pesos se destinó a alguna de las compañías hoy demandadas por el Gobierno mexicano o sus filiales por facilitar el flujo ilegal de armas a los cárteles de la droga en nuestro país.
Las empresas a las que el Ejército compró fusiles, rifles, pistolas, ametralladoras, subametralladoras y hasta lanzagranadas fueron Smith & Wesson, Barrett Firearms Manufacturing, Beretta U.S.A. Corp, Beretta Holding S.P.A., Colt's Manufacturing Company y Glock Ges.m.b.H.
La Sedena no entregó documentación correspondiente al lapso que va de febrero de 2015 a diciembre de 2016, por lo que el gasto en armas podría ser mayor. Tampoco entregó los contratos firmados durante la actual administración.
Algunos de los 774 convenios se establecieron en dólares, otros en euros y otros más en pesos mexicanos. Para homologar todos los montos a moneda nacional este medio utilizó el tipo de cambio promedio del año en que se firmó el convenio.
El pasado miércoles 4 de agosto, el Gobierno de México presentó una demanda civil ante un tribunal federal de Boston, Massachusetts, contra 11 empresas productoras y distribuidoras de armas, entre ellas algunas de las más poderosas de Estados Unidos, a las que acusa de llevar a cabo prácticas comerciales negligentes que facilitan el tráfico ilícito y han profundizado la violencia en nuestro país.
México busca una compensación económica que, de acuerdo con estimaciones de la cancillería, podría alcanzar dos por ciento del PIB nacional. La administración de López Obrador alega que las compañías sabían que sus prácticas comerciales generaban daño al país al ser productores de más de 68 por ciento de las armas que se introducen ilegalmente a México cada año.
“El gobierno federal de los Estados Unidos ha determinado que las armas de los acusados son una fuente abrumadora de los arsenales de los cárteles… Los demandados son conscientes de que suministran habitualmente armas de fuego que se trafican a México”, indica la demanda.
Más de 500 mil armas entran ilegalmente a México desde la Unión Americana, pero otras entran de forma lícita a través de compras que hace el Ejército mexicano para luego distribuirlas entre los cuerpos de seguridad de la Federación, los estados y municipios. En otras palabras, las armerías de EU terminan nutriendo a ambos bandos de la lucha contra el narcotráfico.
La Dirección de Comercialización de Armamento y Municiones, dependiente de la Dirección General de Industria Militar de la Sedena, es la entidad encargada de llevar a cabo la comercialización de armas de fuego, municiones y demás objetos regulados por esa legislación, para dotar de equipo a los cuerpos de seguridad pública y privada, clubes cinegéticos y personas físicas que cubran los requisitos establecidos.
De los 182 convenios firmados entre la Sedena y las empresas denunciadas, Beretta U.S.A. y Beretta Holding se llevaron la mayor parte: 72 contratos por un monto de mil 933 millones de pesos. También se firmaron 61 convenios para comprar armas de la empresa Colt, por un monto de 306 millones de pesos.
Además, otros 30 con la empresa Glock, famosa por sus pistolas semiautomáticas, por un monto de casi 814 millones de pesos.
En el periodo que va de 2006 a 2018 el Ejército mexicano también firmó 11 contratos con Smith & Wesson, que suman 41.8 millones de pesos, y ocho con Barrett Firearms, equivalentes a nueve millones.
Las compañías demandadas que no recibieron contratos del Gobierno mexicano en los sexenios de Calderón y Peña fueron Century International Arms, Sturm, Ruger & Company, Witmer Public Safety Group y D/B/A Interstate Arms.
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