En el pesadero de desperdicios industriales y reciclaje donde labora Carlos Méndez, todos los días llegan personas a vender botellas de pet, latas de aluminio y cartón. Incluso hasta coladeras y rejillas de metal con logotipos de alcaldías de la Ciudad de México, pero dentro de los productos que más se adquieren son cables y tubos de cobre de distintos calibres, algunos obtenidos de manera ilícita.
El número de carpetas de investigación por robo de cables, tubos y otros objetos destinados a servicios públicos pasó de 427 en 2018, a mil 998 en 2021 (367 por ciento más), y mil 439 en los primeros nueve meses de este año, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
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Por lo regular, el cable de cobre es extraído del alumbrado público y registros subterráneos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para luego pelarlo o quemarlo antes de ofertarse. Esto termina afectando los servicios de las poblaciones de distintas comunidades. Otro caso es el robo de rejillas y coladeras de metal de calles o avenidas principales, ocasionando accidentes vehiculares y de peatones que pueden ocasionar lesiones graves.
Su destino es la venta a través de negocios de compra de chatarra industrial y de reciclaje, que fungen como intermediarios, y a su vez terminan ofreciéndolo a grandes compañías o empresas que cuentan con procesos de fundición.
Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, explicó que este tipo de hurtos está relacionado con el robo de bienes, el cual genera ganancias expeditas. “En México prácticamente no tenemos cobre, el único país que sigue manteniendo cantidades de cobre importantes es Chile”.
Además, agrega que la contingencia sanitaria por el coronavirus influyó en el crecimiento de este delito, mientras el robo a transeúnte en la vía pública fue uno de los que más disminuyó, debido a que no había gente en las calles.
Por su parte, Carlos Méndez agregó que la venta de cobre es un negocio y una manera en que las personas se ayudan y ayudaron durante la pandemia, sobre todo las que se quedaron sin trabajo o fueron despedidas. “Mucha gente encontró en esta práctica una manera de solventar sus deudas y de sobrevivir, porque es un negocio o es una práctica que deja mucho dinero. Aquí hay un muchacho que viene en una motocicleta y llega con 10, 15 o hasta 17 kilos de cobre (...) lo obtiene de una manera no lícita. En ocasiones a veces va hasta tres veces por semana y se lleva más de mil pesos”, contó.
ENTIDADES CON MÁS HURTOS
Los datos del SESNSP muestran que Puebla, Quintana Roo, Jalisco, San Luis Potosí y Michoacán son las entidades que más registran delitos de robo de cables, tubos y otros objetos destinados a servicios públicos, al sumar tres mil 902 del total de las más de cinco mil carpetas de investigación registradas desde 2018.
Sin embargo, la cifra negra por este ilícito es más alta, debido a que al menos 10 de las entidades del país no reportaron robos de este tipo al Secretariado.
Es el caso de la Ciudad de México, donde a pesar de que se prevé en el Art. 224 del Código Penal penas de dos a seis años de prisión, a quienes cometan robo contra el equipamiento y mobiliario urbano, no hay denuncias..
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Otras de estas entidades que no registran robos por este delito son Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Nayarit, Sinaloa, Tabasco y Querétaro, a pesar de que se han documentado algunas detenciones.
Una es la de este último estado, donde en marzo de este año detuvieron a dos sujetos por robar el cable de registros subterráneos, lo que ocasionó que más de 20 colonias se quedaran sin luz todo un día.
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