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El empleo de militares en tareas de seguridad pública para la Ciudad de México y el país, implementado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, es completamente inconstitucional, advirtieron ayer especialistas participantes en la tercera sesión virtual del Foro Ciudadano por la CdMx.
Esta vez el tema fue Diagnóstico y soluciones para la seguridad en la ciudad y a la que asistieron Jorge Alberto Lara, Renato Sales, Patricia González Rodríguez, Arturo Tapia, e Isidro Cisneros.
Algunos de los participantes cuestionaron la forma en que se nombró a Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, lo cual restaría autonomía a esa institución.
En el caso de la decisión de regresar a los militares a las calles, Jorge Alberto Lara, exdiputado federal y actualmente catedrático de Derecho, recomendó a los legisladores de la Ciudad de México que llamen a Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno local, a que haga valer que inconstitucional el decreto presidencial que permitió lo anterior.
A su vez, Renato Sales, excomisionado Nacional de Seguridad y actualmente es maestro en Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), dijo que se cometió un fraude a la Carta Magna con esa decisión del jefe del Ejecutivo.
En su oportunidad, Isidro Cisneros, exconsejero presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México, señaló la necesidad de echar para atrás el decreto presidencial por medio del cual se autoriza a que los militares vuelvan a las calles.
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Tocó abrir la mesa a Patricia González, exprocuradora general de Justicia de Chihuahua, quien manifestó su preocupación por la creciente violencia familiar que se vive durante el confinamiento obligado por la pandemia de Covid-19, por lo que aconsejó que la Secretaría de Seguridad Pública forme brigadas que medien en la solución a corto plazo, una semana a lo más, de conflictos familiares.
Mario Alberto Tapia Vargas, diplomado en Inteligencia y Prevención de la Delincuencia, identificó una serie de amenazas provocadas por la pandemia, por ejemplo, la difusión de noticias falsas, aumento de tendencias antisociales e intolerantes, incremento en la desconfianza hacia las autoridades.
Finalmente, es previsible que las organizaciones delictivas eleven su estrategia social con apoyos hacia la ciudadanía u organizaciones legales; y más agresiones a médicos, enfermeras y elementos policíacos.
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