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El pasado 2 de enero, Omar Barón fue entregado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a agentes estadounidenses para ser procesado por su probable responsabilidad en delitos sexuales en contra de dos menores de edad, en noviembre de 2018.
En esa ocasión no iba sólo. También lo acompañaba Luis N para ser presentado ante la Corte Superior del Estado de Arizona, acusado de los delitos de tocamiento, abuso sexual y conducta sexual en contra de una niña.
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Ambos sujetos encontraron en territorio mexicano un escondite para huir de las autoridades norteamericanas. Y no sólo ellos. Esta es la historia de más de un centenar de sujetos que cometieron diversos delitos sexuales contra la niñez.
Según datos de la Fiscalía General de la República (FGR) obtenidos por la vía de transparencia, entre diciembre de 2007 y diciembre de 2021 la autoridad de Estados Unidos dirigió al gobierno mexicano 179 peticiones formales para que le entregara a diferentes agresores sexuales de niñas, niños y adolescentes que huyeron a nuestro país.
Hay una tendencia histórica de los pederastas de huir y protegerse en México por varias características. Nuestra institucionalidad es muy frágil, los niveles de corrupción son bastante altos y la dificultad que significa las tareas de colaboración transnacional entre los gobiernos dilatan o retardan los procesos, explica Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia.
El especialista de la organización civil en temas de derechos de las niñas, niños y adolescentes considera que en la actualidad no sólo son sujetos de Estados Unidos los que huyen en lo individual al país, sino que son redes internacionales criminales de explotación sexual comercial, por ejemplo, en la generación de material de pornografía infantil.
“México se está convirtiendo en un paraíso de pederastas. El caso más reciente y público es el de un hombre holandés que estaba huyendo de su país, estaba plenamente identificado como alguien de un rango importante dentro de una red internacional y con la investigación de una ONG holandesa y la colaboración de las autoridades, es que permite su identificación y su arresto.
“Lamentablemente, México no está invirtiendo en investigación, seguimiento y persecución de estas redes, sino en realidad solamente responde a los pedimentos internacionales. Aquí se ha detenido también a varios pederastas como parte de las redadas internacionales que generan sobre todo Europa y Estados Unidos, que dilatan meses y en ocasiones años de investigación, lo cual no sucede en nuestro país; las autoridades no lo han priorizado, no hay presupuesto y la respuesta que se tiene realmente es más reactiva”, expone Martín Pérez.
Los delitos contra menores de edad que figuran en las solicitudes de extradición incluyen abuso infantil, abuso sexual, agresión sexual, homicidio e intención de violación, pornografía infantil, secuestro y abuso sexual, sodomía y crueldad, entre otros más que aparecen en la lista.
Además, del total de peticiones de extradición 153 han sido concedidas por el gobierno mexicano, dos fueron negadas y en 24 no se ha dado resolución, éstas últimas corresponden al gobierno de la Cuarta Transformación.
Para el coordinador de Tejiendo Redes Infancia, las autoridades mexicanas de la administración federal actual están tomando una posición poco apropiada y bajo un falso argumento de independencia o de autodeterminación. No obstante, dice que es importante entender que los crímenes transnacionales no pueden tener éxito en una sola frontera, o en un país si no es bajo colaboración.
“Aquí debe primar el interés superior de la niñez, más allá de narrativas o discursos trasnochados. Y lo central es que la colaboración sea exitosa porque estos agresores o depredadores sexuales pueden estar haciendo daño a niños mexicanos. Si están libres y si están en territorio nacional, es importante devolverlos lo antes posible”, asegura.
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