La consulta indígena que realizó el Gobierno federal para la construcción del Tren Maya no cumplió con los estándares internacionales, sentenció la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
Según el organismo, la metodología pudo influir en que participaran principalmente autoridades municipales y ejidales, y que no se cumpliera con los criterios que establecen que la consulta debe ser previa, libre, informada y culturalmente adecuada.
"En cuanto al carácter informado, la Oficina observó que la convocatoria, el protocolo y la información presentada sólo hacían referencia a los posibles beneficios del proyecto y no a los impactos negativos que pudiera ocasionar", criticó la ONU-DH.
La oficina de Naciones Unidas agregó que durante las sesiones informativas, a las que asistió, se observó que en diversas ocasiones los habitantes preguntaron sobre los impactos que podrían afectarlos, sin obtener una respuesta clara y completa por parte de las autoridades responsables de proyecto.
"La ausencia de estudios sobre los impactos o la falta de difusión de los mismos, dificulta que las personas puedan definir su posición frente al proyecto de manera plenamente informada. No obstante esta circunstancia, desde las autoridades se avanzó a la etapa consultiva del proceso", lamentó.
Entre los puntos a favor, la ONU-DH celebró que el diálogo con las comunidades haya iniciado antes de la definición y ejecución del proyecto, pero cuestionó que la convocatoria y el protocolo de la consulta señalaron como uno de sus objetivos establecer acuerdos para la implementación y distribución de beneficios.
"Lo cual podría dar a entender que el proyecto se hará independientemente del resultado de la consulta", consideró el organismo.
La ONU-DH también observó que las personas de las comunidades manifestaban su aval al proyecto como una vía para recibir atención a sus necesidades básicas, como agua, salud, educación, trabajo, vivienda, medio ambiente sano y cultura.
El organismo se dijo preocupado, además, por la metodología de la consulta, que implicó que la definición de a quién consultar, dónde hacerlo y en qué momento fuera establecida unilateralmente por las autoridades.
"La oficina escuchó participaciones que indicaban que los tiempos de consulta fueron muy cortos, que las traducciones, cuando las había, no eran adecuadas, que muchas personas no pudieron desplazarse por falta de recursos económicos y que la mayoría de quienes participaron eran autoridades municipales y ejidales dejando fuera a otros grupos y personas que forman parte de las comunidades", indicó.
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