La situación de los derechos humanos en México no mejoró durante el año 2023, según el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Aunque el gobierno ha tomado medidas para identificar y sancionar a los responsables de abusos, la mayoría de los crímenes violentos y violaciones de derechos humanos siguen sin ser investigados o procesados, contribuyendo a un ciclo continuo de impunidad.
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“No hubo cambios significativos en la situación de los derechos humanos en México durante el año”, dice el reporte liberado esta tarde.
“Los problemas significativos de derechos humanos incluyeron informes creíbles de: asesinatos ilegales o arbitrarios, incluidas las ejecuciones extrajudiciales; desaparición forzada; tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de las fuerzas de seguridad; condiciones carcelarias duras y que ponen en peligro la vida; arresto o detención arbitrarios; problemas serios con la independencia del poder judicial; restricciones serias a la libertad de expresión y libertad de los medios, incluida la violencia contra periodistas y la aplicación o amenaza de aplicación de leyes de difamación penal para limitar la expresión; corrupción gubernamental grave; violencia de género extensa, incluida la violencia doméstica o de pareja íntima, violencia sexual, violencia en el lugar de trabajo, matrimonio infantil, temprano y forzado, feminicidio y otras formas de violencia de este tipo; crímenes que involucran violencia o amenazas de violencia dirigidas a personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer o intersexuales; crímenes que involucran violencia o amenazas de violencia dirigidas a personas con discapacidades; y restricciones significativas o sistemáticas a la libertad de asociación de los trabajadores, incluidos crímenes de violencia e intimidación contra trabajadores”.
El documento detalla que las fuerzas de seguridad están frecuentemente involucradas en actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Además, la situación en las cárceles es crítica, con condiciones que amenazan la vida de los internos. La falta de independencia en el poder judicial y las serias restricciones a la libertad de expresión también son preocupantes, con ataques continuos a periodistas y medios de comunicación que limitan severamente el espacio público para el disenso.
El informe también destaca la extensa corrupción gubernamental y la violencia basada en género, incluyendo la violencia doméstica y los feminicidios, como problemas graves que requieren atención urgente. La violencia y las amenazas contra las personas LGBTQI+ y contra las personas con discapacidades siguen siendo significativas, mostrando un patrón de discriminación y exclusión.
Los crímenes perpetrados por elementos criminales, incluidos los grupos locales y transnacionales y los narcotraficantes, son especialmente violentos y siguen dominando muchas áreas del país, complicando los esfuerzos por establecer la ley y el orden. El informe lamenta que estos actores criminales operen con una impunidad casi total, exacerbada por una estructura de justicia penal ineficaz que falla regularmente en procesar los crímenes que cometen.
En términos de medidas positivas, el informe reconoce algunos pasos creíbles por parte del gobierno para abordar y sancionar los abusos de derechos humanos cometidos por agentes estatales. Sin embargo, subraya que estas acciones son insuficientes frente a la magnitud y gravedad de los problemas.
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“Hubo informes de numerosas desapariciones forzadas por grupos criminales, a veces con acusaciones de colusión con las autoridades. Las investigaciones, procesamientos y condenas de crímenes de desaparición forzada eran raros. La desaparición forzada fue un problema persistente en todo el país, especialmente en áreas con altos niveles de violencia relacionada con carteles o bandas”, dice el reporte.
“Las bases de datos federales y estatales que seguían las desapariciones forzadas eran incompletas y tenían problemas de compartición de datos; los sistemas forenses estaban altamente fragmentados entre los niveles local, estatal y federal; y el volumen de casos no resueltos era mucho mayor que lo que los sistemas forenses podían manejar. En su recolección de datos, el gobierno a menudo fusionaba estadísticas de personas desaparecidas forzosamente con personas desaparecidas que no se sospechaba que fueran víctimas de desaparición forzada, dificultando la compilación de estadísticas precisas sobre la magnitud del problema”.
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