Ante la crisis de migración en el país, Disability Rigths International (DRI) reveló que al menos 300 migrantes con discapacidad se encuentran internados en diversos centros de atención bajo condiciones deplorables y que en algunos casos son torturadas y sometidas a sujeciones prolongadas y cuartos de aislamiento.
En su informe “En la frontera con los Estados Unidos y segregados de la sociedad: niñas, niños, adolescentes y adultos sujetos a detención arbitraria, abuso y muerte prematura dentro de los orfanatos e instituciones mexicanas”, DRI documentó que entre noviembre de 2018 y febrero de 2019 existe una alta tasa de mortandad de niñas y niños con discapacidad en la institución llamada “Casa Gabriel”.
Detalla que con información del personal que labora en esa institución, tres niñas y un niño con discapacidad fallecieron y que hasta ahora no se ha llevado una investigación exhaustiva sobre esta situación, por lo que se han planteado a las autoridades “serias preocupaciones en torno a la seguridad de las niñas, niños y adolescentes detenidos en ‘Casa Gabriel’”.
En entrevista con El Sol de México , Priscila Rodríguez, directora adjunta de Disability Rigths International (DRI), detalló que la mayoría de los casos que documentados son de personas con discapacidad, ya sea menores de edad o adultos, que son deportados desde Estados Unidos e ingresados a estas instituciones de “ayuda” sin que se tenga un registro o control sobre sus padecimientos.
Manifestó que las instituciones que han sido visitadas por esta organización operan sin licencias, por lo que urgió las autoridades a regularlas.
De acuerdo con el informe difundido días atrás, se detectó que en estos centros se usan cuartos de aislamiento y sujeciones en adolescentes y adultos de forma de castigo y no tiene un programa de tratamiento formal.
“A pesar de la falta de tratamiento, las personas permanecen amarradas por horas y encerradas en cuartos de aislamiento cuando tienen un ‘mal comportamiento’, por lo que México debe evitar que instituciones privadas detengan a personas con discapacidad y un administren tratamientos forzados basados en programas experimentales no aprobados”, dice.
Abundó que esto registros se tienen ubicados en Baja California, principalmente en Tijuana y Ensenada, por lo que demandó mayor atención a esta población vulnerable que se ha visto afectada.
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