A pesar del desabasto de medicamentos que se registra en el país, siete entidades no se han sumado hasta ahora a la estrategia coordinada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para que sean las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y el laboratorio paraestatal Birmex, quienes trasladen los fármacos almacenados hasta las 15 mil unidades hospitalarias y clínicas del país.
El más reciente reporte de la Secretaría de Salud (SSa) señala que hay siete entidades que hasta ahora no se han sumado a la estrategia para lograr el abasto de medicamentos, incluidas dos gobernadas por Morena: Morelos y Zacatecas.
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Los otros estados son Chihuahua, Guanajuato y Aguascalientes, gobernados por el Partido Acción Nacional (PAN), así como Nuevo León y Jalisco, bajo el control de Movimiento Ciudadano (MC).
El 1 de diciembre pasado, en un informe por su tercer año de gobierno, el presidente López Obrador anunció que las Fuerzas Armadas comenzarían a involucrarse en la distribución de medicamentos en el país a partir de enero de 2022.
“Así como lo hicimos con las vacunas, en enero se iniciará un plan general de distribución de medicamentos, apoyado por las Fuerzas Armadas con transporte terrestre y aéreo para hacer llegar las medicinas hasta los centros de salud y hospitales más apartados del país”, dijo el mandatario.
Un día antes, nombró a un exmilitar –el general en retiro Jens Pedro Lohmann Iturburu–, como director de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), empresa con mayoría de participación estatal encargada del reparto y abastecimiento de vacunas y otros farmacéuticos.
El nuevo modelo de distribución de medicinas en el país a cargo de los militares se ampliará a partir de este mes ya que para el segundo semestre de 2022 pretende llevar medicinas hasta los hogares de los pacientes, según dio a conocer el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) durante el arranque de la licitación internacional de compra consolidada.
DEFICIENCIAS EN SISTEMA ANTERIOR
Durante los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón se impulsó un modelo de abasto que se llamó tercerizado o de outsourcing, en el que se asignó una parte de la cadena a un tercero, encargado de distribuir los medicamentos hasta los puntos de atención para su entrega a los pacientes.
Según un informe que liberó la Secretaría de Salud, de 2004 a 2012 se ensayó ese esquema, pero entre “las desventajas al incursionar en tercerización” se encontraron prácticas desleales entre proveedores, acaparamiento y hasta resistencias del personal de salud para llevar las medicinas de forma directa a los pacientes, algunas de las cuales persistieron a lo largo de la administración del expresidente priista Enrique Peña Nieto.
El documento del Gobierno federal puntualiza que al momento de la distribución de medicinas operaba el “bloqueo de proveedores” que impedía la llegada de medicinas a almacenes locales, pero también “inexperiencia del personal contratado por las empresas” para lograr el abasto.
Asegura que faltaba información necesaria como la afiliación para dotar de medicinas al portador de las recetas y no existía coordinación en la implementación de los recetarios utilizados. Tampoco estaban definidos los mecanismos que permitieran una adecuada solicitud, surtido y utilización de los materiales de curación.
También se reportaron “errores en la contabilidad de productos otorgados al usuario al momento de facturar, debido al tipo de presentación de las claves y menudeo unitario, así como errores de facturación derivadas de inconsistencias en la escritura de la prescripción y errores de captura por parte de la empresa”.
El informe tampoco descarta el incumplimiento en la entrega de medicamentos o en los horarios de asignación.
A decir de la institución, “el modelo de abasto tercerizado asigna una parte de la cadena a un tercero, encargado de distribuir los medicamentos hasta los puntos de atención para su entrega a los pacientes. Los servicios estatales de salud (SESA) conservan bajo su responsabilidad las fases de planeación y financiamiento, pero descargan en una o varias empresas la tarea de almacenar y distribuir los medicamentos hasta los centros de atención”.
ERRORES SE REPITEN
Los errores y prácticas que impedían la llegada de las medicinas a los enfermos del sistema público de salud se podrían estar replicando nuevamente en la administración de López Obrador.
En noviembre, durante la sesión del lanzamiento de la nueva compra consolidada por parte del Insabi y la agencia de Naciones Unidas, Alejandro Antonio Calderón Alipi, titular de la Unidad de Coordinación Nacional de Abastecimiento de Medicamentos y Equipo Médico del Instituto, dijo que con la compra que hicieron en 2021 los 72 almacenes regionales “se sobrecargaron”. Ante ese problema, se decidió que “con ayuda de Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional) se podría apoyar para liberar los almacenes”.
El 20 de diciembre, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, presentó ante el presidente López Obrador un informe que indica que desde mayo cuatro operadores logísticos tienen a cargo la entrega de medicamentos y su distribución hasta las unidades de salud, siendo Medica Farma Arcar la que concentra 71.8 por ciento de los insumos y fármacos.
La empresa se encarga de llevar los medicamentos a 15 entidades del país: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y San Luis Potosí.
Se trata de una compañía señalada de haber vendido al Gobierno medicinas del cuadro básico a sobreprecio entre 2008 y 2018, entre ellos, amoxicilina con ácido clavulánico, ambroxol, trimetoprima sulfametoxazol y el ácido fólico.
Vantage es la segunda empresa que tiene a cargo en este momento la entrega de medicinas en 16 entidades: Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán, Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Jalisco, Colima, Michoacán, Nayarit y Estado de México.
Alcocer dijo que “con ayuda de la Sedena, Semar, Guardia Nacional y Birmex en las primeras tres semanas de diciembre se apoyó la distribución de insumos concentrados en los almacenes de los operadores logísticos hacia 14 entidades”.
Birmex distribuyó 5.6 millones de piezas, la Semar 1.8 millones de medicinas y la Sedena movilizó 6.5 millones de piezas, en una acción que se denominó despliegue de la última milla.
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