Guerrero, epicentro en México del crimen organizado

La tasa de criminalidad continúa aumentando en todo México a medida que los cárteles se dividen en grupos más pequeños que compiten ferozmente por el territorio, sin embargo, sólo un estado de la República, Guerrero, concentra al menos 40 organizaciones armadas, las cuales representan la prueba más dura para la promesa del presidente Andrés Manuel

López Obrador de traer la paz al país sin usar la fuerza militar, advierte la organización International Crisis Group.

En su último informe sobre México, esta reconocida Organización no Gubernamental especializada en la solución y prevención de conflictos armados, señala que Guerrero es tristemente único entre los estados mexicanos por su historia de violencia y malos gobiernos.

La evolución de la violencia en Guerrero, explica, evidencia la escala de los desafíos que enfrenta el presidente López Obrador, pues por mucho, es “el más complejo” de los conflictos locales de México por lo violento de la competencia entre grupos del crimen organizado, la generalización de la corrupción y la colusión policial desenfrenada.

De acuerdo con el documento, titulado La Guerra cotidiana de México: Guerrero y las Pruebas de Paz, el estado fue escenario en el pasado de algunas de las represiones contrainsurgentes más viciosas del país durante la Guerra Fría y una de las peores atrocidades en la historia mexicana reciente: la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, pero hoy es el epicentro del crimen organizado en México, con más grupos luchando por el territorio que en cualquier otra región.

Según sus investigaciones, al menos 40 grupos luchan por una cartera de empresas criminales, que van desde la producción y el tráfico de drogas, sobre todo heroína para el mercado de Estados Unidos, hasta estafas más nuevas entre las que destacan la extorsión.

La fragmentación de los grupos crimnales, incluidas las autodefensas, se remonta al asesinato por parte de las fuerzas federales de Arturo Beltrán Leyva en 2009. Desde entonces, según el estudio, el crimen organizado en el estado se ha extendido geográficamente, ha ampliado su gama de empresas y se ha vuelto más peligroso para grupos locales, sobre todo para aquellos sospechosos de ayudar a los competidores.

“Con altas tasas de impunidad por delitos graves (varios jueces y policías de alto rango son acusados de complicidad en actividades delictivas), Guerrero presenta la prueba más dura para la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de traer la paz a México. La revisión de la policía civil, la protección de las poblaciones vulnerables y el desarme de los grupos violentos son tareas esenciales para que el estado salga de su guerra crónica, pero también para la pacificación de todo el país”, alerta la organización.

Sin embargo, considera que al igual que en el resto del país, las perspectivas inmediatas para reducir la violencia en Guerrero son desalentadoras, especialmente en un momento en que la pandemia por Covid-19 y sus efectos económicos amenazan con atraer la atención oficial y exprimir los recursos públicos.

“López Obrador es un presidente todavía popular con más de cuatro años restantes en su mandato. Incluso si su prioridad ahora es abordar los efectos sanitarios y económicos de la pandemia, aún podría dar grandes pasos para revertir los extremos de la violencia letal en Guerrero y en otros lugares de México. Sin embargo, un requisito es que su gobierno reconozca que las estrategias nacionales, ya sean las reformas institucionales fallidas de sus predecesores, o el enfoque personalista y centralista de López Obrador, deben adaptarse a las particularidades de los conflictos regionales”, afirma el documento.

Además subraya que abordar entornos afectados por conflictos como Guerrero requiere planes personalizados que con- centren los recursos en los lugares más violentos de México. Las intervenciones a corto plazo —recomienda— deben guiarse por el imperativo de salvar vidas y aliviar las crisis humanitarias, mientras que en lugares problemáticos debe hacerse un despliegue limitado, incluso puramente defensivo de la Guardia Nacional.

El problema mayor del país, según el estudio, radica en la proliferación de organizaciones criminales: menos de una docena de grupos dedicados principalmente al tráfico de drogas alguna vez tuvieron la mayor parte del dinero y el poder de fuego, pero a medida que la “guerra contra las drogas” se desarrolló a partir de 2006, se han dividido en una multitud de trajes más pequeños y a menudo más agresivos.

“Una ola continua de asesinatos, desapariciones, desapariciones forzadas y desplazamientos internos muestra cómo la violencia criminal se ha transformado en conflictos armados locales de los cuales los civiles son las principales víctimas.

Los primeros signos indican que estos grupos competidores no tienen intención de cesar sus actividades como resultadodel coronavirus”, concluye el informe.