EU regresó a 51 mil migrantes a México

De enero a octubre pasado, el gobierno de Estados Unidos devolvió un total de 51 mil 504 migrantes, en su mayoría centroamericanos, para que esperen en México que una corte migratoria decida si les otorga o no el asilo.

De acuerdo con las cifras más recientes de la administración del presidente Donald Trump, los migrantes han sido devueltos a territorio mexicano por cinco puntos de internación; el Puente Internacional Miguel Alemán, en Nuevo Laredo Tamaulipas; la Delegación Local en Matamoros; la Delegación Local de Mexicali en Baja California; el Punto de Internación, El Chaparral y el Puente Internacional Reforma, en el estado de Chihuahua.

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Pese a la violencia y el riesgo para los migrantes, la mayoría de ellos, 19 mil 882, han sido devueltos a la frontera con Matamoros, donde según un reporte de la organización Human Rights First, en los primeros 10 meses de 2019, al menos 340 migrantes fueron víctimas de secuestros, extorciones y torturas por parte del crimen organizado.

De los migrantes devueltos a nuestro país, bajo el programa “Quédate en México”, diseñado por el gobierno de Trump para que los centroamericanos solicitantes de asilo en Estados Unidos se queden en territorio mexicano mientras está en procedimiento su caso, 28 mil 427 son hombres y 23 mil 77 mujeres. Además, 13 mil 55 son niños de entre cero y 11 años; 5 mil 448 de entre 12 y 17 años.

Un total de 18 mil 215 han sido migrantes de entre 18 y 30 años, seguidos por los que tienen entre 31 y 50 años de edad (13 mil 734), mientras que solo se han registrado mil 51 migrantes mayores de 50 años.

EL PROGRAMA

“El programa Quédate en México está claramente diseñado para evitar que alguien pase la entrevista; además al obligar a las personas a regresar a México, impacta significativamente la capacidad de éstas para obtener cualquier tipo de protección en Estados Unidos”, subrayó en entrevista con El Sol de México Douglas Stephens, exfuncionario de la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS).

El exagente, quien se volvió un claro crítico de dicho sistema, e incluso ha declarado frente a comisiones del Congreso sobre la agudeza del problema en las audiencias oficiales para solicitantes de asilo, agregó que de por sí es mal visto el hecho de que los migrantes sean enviados a otros países (como México), también se detectó la instrucción a los agentes de la ley a no permitir que los solicitantes de asilo hablen con sus abogados, de forma previa a las entrevistas que son cruciales para decidir si tal peticionario debe de regresar.

Fuente: Elaboración propia / Gráfico: Luis Calderón Guerra

“Este sistema está diseñado para que las personas fracasen en su intento, ya que es muy difícil que puedan comprobar que están en peligro inminente”, declaró por su parte Cristina García, subdirectora de la Organización de las Américas.

“Otra de las cuestiones en que tenemos enfocada nuestra atención es que se le van a dar funciones a los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de realizar entrevistas a solicitantes de asilo, en lugar de oficiales con experiencia y preparación para llevar a cabo este tipo de entrevistas”, agregó García.

Explicó que estos agentes no tienen el entrenamiento o conocimiento para entender el contexto legal donde los solicitantes de asilo realmente basan sus casos “en un miedo real”.

El exagente Stephens aseguró que existen instrucciones para que las solicitudes de asilo fueran rechazadas “ilegalmente y de forma injustificada”. Incluso si los peticionarios tuvieran miedos creíbles, serían enviados de regreso a México, “porque el estándar para demostrar sus miedos es demasiado alto”.

En caso de que los inmigrantes no quisieran esperar por un dictamen, tenían la opción de abandonar su caso de asilo, con la posibilidad de solicitar ayuda humanitaria en México, y en último caso optar por regresar a su país de origen.

Por su parte el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara Baja del Congreso, realizó una audiencia sobre el programa “Quédate en México”, instituido en enero pasado y entre sus conclusiones destaca que ha dado pie a un “nuevo ecosistema de actividad criminal” que expone a los migrantes a riesgos de secuestros, extorsión, violación sexual y desapariciones.