La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó este miércoles a las autoridades mexicanas a "cumplir con la deuda" que se tiene con las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales de la matanza de Tlatlaya del 2014.
"A siete años de ocurridos estos acontecimientos todavía se observa una grave falta de acciones que impiden el acceso a la verdad, justicia y reparación integral de las personas en situación de víctimas", criticó el organismo en un comunicado.
La CNDH llamó al Gobierno y Fiscalía General del Estado de México, así como a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a atender la recomendación 51VG/2014 por los hechos de violencia ocurridos hace siete años en San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, en el central Estado de México.
Y pidió mostrar mayor voluntad política para asegurar que las personas en situación de víctimas obtengan justicia, se les repare el daño y haya una garantía de no repetición y se lleve a cabo el debido proceso de las investigaciones penales.
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En la madrugada del 30 de junio de 2014, 22 personas fueron asesinadas por soldados durante un enfrentamiento en una bodega en el municipio de Tlatlaya, en el estado de México, colindante con la capital mexicana.
Según la versión inicial ofrecida por el Gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), los fallecidos eran presuntos delincuentes que murieron durante un enfrentamiento armado con los militares.
Pero dicha versión fue desmentida por uno de los tres supervivientes, quien aseguró que un civil había muerto en el choque y los demás habían sido asesinados tras un interrogatorio.
Según un informe de la CNDH, los militares ejecutaron a 15 de los 22 muertos hallados en el suelo de la bodega.
Por los hechos, siete militares involucrados en la matanza fueron detenidos en 2015 y liberados poco después luego de que un fiscal determinara que no había evidencia suficiente.
Sin embargo, a principios de 2021, estos mismos efectivos fueron rehaprendidos, aunque cuatro de ellos salieron bajo fianza para continuar su proceso en libertad y tres más permanecen en una prisión militar en Ciudad de México.
Todos están acusados de ejercicio indebido del servicio público, y tres de ellos enfrentan además acusaciones por homicidio.
Ante este panorama, la CNDH consideró que los derechos a la verdad, justicia y reparación "son la respuesta que permitirá el esclarecimiento, la investigación, el juzgamiento y sanción de los casos graves de violaciones de derechos humanos por parte de la autoridad gubernamental".
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Asimismo, expresó su preocupación respecto al contexto de violencia estructural generalizada por el que atraviesa el país, "al cual se suma el uso de la fuerza letal por parte de elementos del Ejército Mexicano".
Por ello, hizo un exhorto al Ejército a esclarecer los mecanismos que se utilizan para implementar la fuerza letal a partir de la cadena de mando.
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