El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es la organización criminal con mayor presencia en México. De acuerdo con información de la empresa Lantia Consultores, mantiene operaciones en todo el país menos en Sinaloa, cuna del cártel del Pacífico-Sinaloa (CDP).
La firma especializada en análisis de políticas públicas generó un mapa criminal nacional sustentado en un trabajo de inteligencia de fuentes abiertas con corte al 16 de noviembre de 2019. El resultado fue la identificación de 231 agrupaciones delictivas en todo México, entre cárteles, bandas-pandillas, células, escisiones y mafias locales o regionales.
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La consultora utilizó siete grupos delincuenciales como eje para su análisis, aunque asegura que el CJNG y el CDP son los únicos con presencia nacional. El segundo operaría en 29 estados salvo Jalisco, Hidalgo y San Luis Potosí.
Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho es líder del CJNG. Surgió en 2010 como una escisión del cártel de Los Valencia y fungió como brazo armado del Cártel del Pacífico. Con el debilitamiento de este último, debido a la captura y extradición de Joaquín El Chapo Guzmán, el CJNG se convirtió en “la organización criminal con más capacidad operativa en México”, concluye el estudio.
Los grupos restantes son bandas resultado de la fragmentación provocada durante los sexenios de los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto: Los Zetas, Cártel del Golfo (CDG), Los Beltrán Leyva (OCBL) y Los Caballeros Templarios-La Familia (CT-FM). Estos, “ya no existen como organizaciones cohesionadas; se han atomizado en varias escisiones, algunas antagónicas entre sí o sin relación alguna con los liderazgos originales”.
Además, hay grupos locales o regionales de relevancia, ya sea porque son enlaces con cárteles nacionales, por su arraigo o por su capacidad económica o predatoria. Destacan cuatro casos: el Cártel Tijuana Nueva Generación (la antigua organización de los Arellano Félix aliada con el CJNG), La Línea (Cártel de Juárez) y las organizaciones de Tepito en Ciudad de México y de Santa Rosa Lima, en Guanajuato.
DOS OLEADAS DE VIOLENCIA
La empresa consultora detecta dos grandes momentos de la lucha contra y entre las bandas criminales, que determinan su conformación actual. La primera desde 2008, como consecuencia directa de la estrategia de seguridad federal del ex presidente Felipe Calderón, cuando se priorizó una política de persecución sistemática en contra del narcotráfico.
La gran consecuencia de esta primera crisis fue la fragmentación de las grandes organizaciones criminales que existían desde finales de los setenta. En primera instancia, se debió a disputas internas, como en el caso de la bifurcación del Cártel del Pacífico tras la separación de la facción de los hermanos Beltrán Leyva, o la escisión de Los Zetas de su histórica alianza con el Cártel del Golfo.
A partir de 2012 la violencia comenzó a disminuir en buena medida por un cambio en la estrategia de seguridad federal que privilegió la persecución de los delitos más nocivos, y de las organizaciones criminales más violentas como Los Zetas.
Sin embargo, desde 2014 se aceleró el proceso de fragmentación de las organizaciones criminales con presencia nacional y regional que había comenzado en la crisis previa.
La fragmentación disparó la violencia en el país. De acuerdo con Lantia Consultores, en la última década (2008 a 2018) alrededor del 60 por ciento de los homicidios dolosos fueron ejecuciones (asesinatos vinculados con organizaciones criminales), proporción que subió a 70 por ciento entre enero y septiembre de 2019.
ACCIONES DIFERENCIADAS, NO GUERRA NACIONAL
Lantia Consultores afirma que si bien hay presencia de cárteles en todo el país, la violencia no está́ generalizada. Si se pueden identificar los motivos del actuar de cada organización y resolver las condiciones locales en los sitios que concentran la mayor parte de los homicidios, se podría disminuir considerablemente la violencia en el país.
Dicho de otra forma, los fenómenos delictivos más severos responden a lógicas locales y distintos factores causales. Por lo mismo, su atención requiere acciones diferenciadas. A lo largo de la última década se ha insistido una y otra vez en imponer grandes soluciones nacionales, cuando lo que se necesita son soluciones locales y focalizadas, particulares para cada caso.
Así́, señala el reporte, es importante que se transite de un modelo reactivo de la estrategia de seguridad federal, estatal y local hacia esquemas preventivos que permitan —ante el desplazamiento de actividades criminales a nuevos territorios, o bien ante el surgimiento de nuevos giros delictivos— intervenir de forma oportuna. Es decir, antes de que se consoliden nuevas redes de intereses criminales.
La firma pide además tomar en cuenta que en los territorios donde el arraigo social de las organizaciones criminales es mayor, como en Sinaloa, es preferible que sean atendidos por medio de herramientas de política social y de recuperación del espacio público; y no por medio de una intervención militar o policial federal con operativos conjuntos, pues esto lejos de disminuir o contener la violencia, puede aumentarla.
En contraste, sugiere focalizar los recursos materiales y humanos de seguridad contra grupos criminales predatorios, dicho de otra forma, aquellos que son más nocivos para los ciudadanos porque generan violencia homicida o participan en actividades como extorsión (cobro de derecho de piso), secuestro, trata y tráfico de personas, robo de ferrocarril, a transportistas o en el Mercado Ilícito de Hidrocarburos.
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