En México son más de dos mil 400 municipios, sin embargo, apenas 103 municipios cuentan con una declaratoria de alerta de género, dijo la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, la diputada priista Laura Nereida Plascencia Pacheco, quien destacó que la violencia en contra de las mujeres, en cualquiera de sus modalidades, suele presentar un incremento paulatino y sostenido que, llevado al extremo, interrumpe de forma abrupta y cruel la vida de la población femenil, afirmó.
Explicó que la problemática que experimentan las mexicanas afectadas por delitos de género, se agrava en muchas situaciones por la intervención de un servidor o servidora pública, “que carece de las capacidades y adiestramiento suficientes para realizar de manera idónea su labor en el desempeño de su encargo, mediante la generación de empatía y sensibilidad para comprender la situación contextual a la cual se ve arrastrada la víctima’’.
Lo anterior, añadió la legisladora Plascencia Pacheco, tiene como resultado que gran parte de los delitos cometidos en contra ellas no sean denunciados ante las autoridades.
Planteó que las y los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades y municipios implementen protocolos de investigación policial, pericial y ministerial con perspectiva de género, para los delitos cometidos en contra de mujeres, y los homologuen con los expedidos por la Procuraduría General de la República.
Además, sugirió que las entidades federativas y municipios, que cuentan con alerta de violencia de género, destinen los recursos necesarios para implementar las medidas contenidas en la declaratoria. En su propuesta, refirió que el esfuerzo emprendido por el Estado para erradicar cualquier forma de violencia y discriminación en contra de las mujeres, ha tenido resistencias sociales; principalmente, porque aún persevera una cultura “androcéntrica y machista” que, en muchas situaciones, promueve de forma natural estos actos. La diputada del PRI consideró que estas acciones no pueden terminar con la violencia, ya que debe haber una retroalimentación, por parte de la ciudadanía y las mujeres agredidas, para perfeccionar y hacer más eficaces las políticas públicas que surgen de la alerta de género, así como contar con los recursos que les permitan implementar dichas medidas, lo cual no solo es obligación de la Federación, sino de las entidades y de los municipios en los cuales ha sido declarada.
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