Andrés Manuel López Obrador planteó a la Cámara de Diputados que su programa social insignia “Jóvenes Construyendo el Futuro” sea elevado a rango constitucional y que con él, sea obligatorio que todos sus beneficiarios reciban al menos un salario mínimo durante un año.
Este lunes el presidente envió una Iniciativa con proyecto de Decreto para añadir un segundo párrafo al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que el Estado otorgue un apoyo económico mensual equivalente al menos un salario mínimo general vigente para jóvenes entre 18 y 29 años que se encuentren en desocupación laboral y no estén cursando algún nivel educativo.
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Esto, con el propósito de que se capaciten para el trabajo por un periodo de hasta 12 meses en negocios, empresas, talleres, tiendas y demás unidades económicas, en los términos que fije la ley.
En enero de 2019, el Gobierno de López Obrador puso en marcha este programa, con el objetivo de beneficiar a 2 millones 300 mil jóvenes que no estudiaran ni trabajaran. Es decir, al 60 % de la población que en ese momento, según el INEGI, reportó no tener ninguna actividad.
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Esto, con el fin de que pudieran capacitarse laboralmente en algún centro de trabajo de su elección por un año, recibiendo una ayuda económica y así se pudieran sumar al mercado laboral.
Hoy, el apoyo económico mensual para los jóvenes inscritos en este programa es de 6 mil 310 pesos, junto con beneficios como seguro contra enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo y según la Secretaría del Trabajo ha dispersado en total 115 mil millones de pesos a los casi 3 millones de beneficiarios con los que cuenta.
Sin embargo, el programa desde su creación no ha estado exento de polémicas por su falta de certeza en la cifra de las personas que realmente logran colocarse en el campo laboral. Aunque el Gobierno presume que más de la mitad de sus beneficiarios han obtenido empleo en las empresas que se capacitan, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) señala que esta cifra no llega ni a un tercio.
Otra irregularidad descubierta por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) en varias revisiones que ha hecho a este programa emblemático de López Obrador es que hay malos manejos por 170 millones de pesos que no se han aclarado. Toda vez que se han detectado pagos a beneficiarios fallecidos o personas que trabajan en el sector público o privado.
También, la ASF ha detectado dentro del gasto de este programa social que ha habido capacitación en empresas inexistentes o fantasmas o que no estaban inscritas en el programa.
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No obstante, la actual Administración asegura que JCF “cimentó las bases para contribuir al bienestar de la juventud mexicana y promover sus derechos” y que, “a lo largo de cinco años de operación, el programa ha tenido un impacto positivo en este ámbito”.
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