El próximo subsecretario de Gobernación, Zoé Robledo, sostuvo que en muchos lugares del país, el Estado simplemente no existe. “En donde se ha arrodillado al crimen organizado y presidentes municipales que son prácticamente gerentes al mando de un capo, cosas verdaderamente difíciles.” Por lo que planteó que el deber de cualquier gobierno democrático es buscar salidas y brindar protección de la libertad a través de los marcos constitucionales y principios de pluralidad del derecho humano y a las garantías.
Lo anterior, al participar en la presentación del estudio de factores de riesgo y victimización en adolescentes que cometieron delitos de alto impacto social en México, donde se informó que hay 6 mil 144 adolescentes en conflicto con la ley penal, de los cuales mil 512 enfrentan medidas privativas de libertad por haber cometido delitos como homicidio y secuestro.
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En el Museo Memoria y Tolerancia, Robledo destaco que en estos últimos años no ha habido el desarrollo del fortalecimiento de instituciones que deberían estar hoy al frente de una estrategia de seguridad.
Hay que generar el espacio para que estás instituciones puedan emerger, tener solidez, un sentido de cuerpo y de vocación de servicio, lo mismo policías que fiscalías, poderes judiciales en los estados e incluso muchas veces algunos órganos autónomos en los estados, órganos garantes.
El próximo subsecretario de Gobernación, dijo que no se debe dejar de reconocer que durante muchos años la propia democracia fue infiltrada por el poder económico y que en pasadas elecciones, como la intermedia de 2015, se competía por demostrar quién tenía más recursos para comprar votos.
Reconoció que el gobierno mexicano le ha fallado a los jóvenes más vulnerables y recordó que la próxima administración federal otorgará 2.6 millones de becas a jóvenes que no estudian ni trabajan lo cual representa una inversión de 150 mil millones de pesos.
Por su parte, Mercedes Castañeda, directora general de Reinserta sostuvo que hay 6 mil 144 adolescentes en conflicto con la ley penal, de los cuales mil 512 enfrentan medidas privativas de libertad por haber cometido delitos como homicidio y secuestro.
El estudio "Factores de riesgo y victimización" reveló que el 48 por ciento de los menores bajo internamiento tiene a por lo menos un familiar en la cárcel y 44 por ciento vivió con alguien con problemas de adicciones.
Mientras que una cuarta parte sostuvo que antes de ser internados, tuvieron amistades de riesgo, que los invitaban a robar, a salirse de la escuela, a involucrarse en peleas, a integrarse a pandillas y a realizar conductas de ponían en riesgo su vida.
El estudio señala que 2 de cada 3 menores consultados reportaron haber tenido acceso a armas de fuego, y 4 de cada 10 había cometido algún delito antes de ingresar al centro de internamiento.
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