La Secretaría de la Función Pública (SFP) anunció a la Cámara de Diputados que fue abierta otra línea de investigación sobre los contratos de Pemex con la empresa brasileña Odebrecht, referente a la evolución del patrimonio que declaran los servidores públicos involucrados.
Con la nueva línea de investigación, se tienen nueve expedientes abiertos para aclarar las inconsistencias detectadas, informó a diputados el subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la SFP, José Gabriel Carreño Camacho.
A los funcionarios, dijo, se les aplicó un mecanismo para comparar lo que declararon como patrimonio e ingreso contra lo identificado en cuentas bancarias, propiedades y vehículos. Se evalúa la evolución patrimonial de todos los involucrados, precisó. Christian Noé Ramírez Gutiérrez, coordinador general de Órganos de Vigilancia y Control de la SFP, informó sobre los contratos de Pemex con la empresa brasileña Odebrecht, que como resultado de las indagatorias recabó las comparecencias de 23 servidores públicos y se han iniciado ocho procedimientos administrativos: cuatro contra la empresa; dos contra sus representantes legales y dos más contra funcionarios de Pemex.
Indicó que “ya tenían listos tres soluciones para ser emitidas, de los ocho procedimientos; sin embargo, en días recientes la empresa brasileña interpuso un juicio de amparo con el que se le concedió una suspensión definitiva para el efecto de que la SFP no emita las resoluciones correspondientes”.
El funcionario destacó que se investiga el pago de 4.5 millones de dólares en torno al contrato de Etileno XXI o Braskem, una filial de la empresa brasileña Odebrecht.
“Lo hemos incorporado como una línea de investigación y estamos recabando la información correspondiente. Es un expediente que tenemos en trámite donde se agotará esta nueva línea de investigación”, señaló ante los legisladores, al tiempo que refrendó el compromiso de colaboración de la institución con el Poder Legislativo y con la sociedad.
Esta resolución no prejuzga sobre el fondo del asunto, pero se tiene que respetar esta suspensión definitiva y “nos impide al menos en lo inmediato emitir estas resoluciones que ya se tenían”.
Derivado de las tres líneas de indagatorias se tienen identificados nuevos hallazgos que darán la posibilidad de iniciar nuevos procedimientos en contra de la empresa.
Sobre los contratos con universidades públicas en el esquema de subcontratación, indicó que se denuncia es la triangulación entre diversas dependencias y entidades del gobierno federal para suscribir contratos con algunas instituciones públicas, quienes a su vez contratan los servicios con empresas o terceros.
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