Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, aseguró que se quedan preocupados luego de escuchar hoy las alertas de organizaciones de la sociedad civil, y ayer las del personal técnico del Instituto Nacional Electoral (INE), sobre las afectaciones que provocará el Plan B de reforma electoral.
“Evidentemente ellos tienen sus razones y están por la preocupación del desmantelamiento del INE, así lo expresaron, y yo les dije a ellos que, por lo que expresaron (los integrantes del INE) y lo que expresan ustedes (sociedad civil), nos quedamos con una preocupación”, indicó.
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Ricardo Becerra, del Instituto de Estudios Legislativos para la Transición Democrática, una de las organizaciones que acudió al encuentro llevado a cabo en el Senado, explicó que advirtieron a los senadores, con el fin de despertar en ellos un sentido de responsabilidad, que la reforma vulnera la autenticidad del sufragio porque “desarma de capacidades a quienes construyen el Padrón, a quienes capacitan a los ciudadanos, a quienes colocan la casilla y a quienes cuentan votos”.
“Quisimos alertar y despertar la responsabilidad de los senadores y las senadoras por la dimensión del reto electoral que va a enfrentar México con una autoridad debilitada. En 2024 no solo se elegirá presidente (...) nunca antes hubo un desafío electoral de esta magnitud en nuestra historia, sin embargo, en vez de fortalecer y respaldar a las instituciones que deben organizar todas y cada una de esas elecciones se opta por disminuirlas, debilitarlas e incluso acosarlas”, dijo.
Ante las advertencias, Monreal Ávila mencionó que una de las asistentes les solicitó congelar el dictamen y en respuesta los senadores de todas las bancadas les dijeron que no era posible.
“No hay nada que hacer en el Senado, también se les dijo que nosotros ya está agotado el proceso formal y tendrá que ser la Corte la que decida sobre los temas”, subrayó Monreal.
En tanto, Ricardo Becerra dijo que la sociedad civil es consciente del proceso legislativo, que consiste en solo aprobar o rechazar un artículo de todo el Plan B, sin embargo, estimó necesario advertir a los legisladores de las consecuencias negativas.
Los senadores Luis David Ortiz y Miguel Ángel Mancera, de Movimiento Ciudadano y PRD, respectivamente, compartieron la preocupación de Monreal Ávila y coincidieron en la imposibilidad de frenar el Plan B en el Senado, por lo que pidieron se acelere la discusión en las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos, así como en el Pleno, para comenzar con la batalla jurídica en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
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