El gobierno de México acusó a Ecuador de espiar al personal diplomático en la Embajada en Quito antes del asalto ocurrido el pasado 5 de abril para detener al exvicepresidente Jorge Glas.
“México alega que al intervenir y escuchar comunicaciones privadas de la Embajada de México y sus miembros, mediante el despliegue de policías, fuerzas especiales y personal militar fuera de la embajada, al acosar y perturbar constantemente a los miembros de su misión diplomática, la irrupción forzosa y violenta en la Embajada de México por parte de fuerzas especiales ecuatorianas la noche del viernes 5 de abril de 2024, incluyendo los hechos de violencia cometidos en contra del subjefe de Misión y acoso cometido contra uno de los miembros del personal diplomático, y por secuestrar al exvicepresidente Jorge David Glas Espinel, quien se encontraba en la Embajada y se le había sido concedido asilo, Ecuador ha violado los derechos de México bajo las normas consuetudinarias y convencionales del derecho internacional”, reza la demanda que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador presentó este jueves en la Corte Internacional de Justicia contra el gobierno ecuatoriano.
El documento, cuyos detalles adelantó el Presidente en su conferencia mañanera de este jueves, solicita “suspender al Ecuador como miembro de las Naciones Unidas, hasta que no emita una declaración pública de disculpa, reconociendo sus violaciones a los principios y normas fundamentales del derecho internacional”.
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Sobre el espionaje a la embajada, el gobierno mexicano señala que el 4 de abril, Roberto Canseco, subjefe de misión de la embajda en Quito, “notó que un vehículo militar táctico estaba estacionado afuera de la Embajada de México. Cuando compartió sus preocupaciones y una fotografía del vehículo a miembros de la Embajada, mencionaron que era un vehículo militar utilizado para intervenir las comunicaciones móviles”. En el anexo 5 de la demanda se incluyen las fotografías del vehhículo, según consta en el documento.
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Como sus representantes en la demanda, México designó a Alejandro Celorio Alcántara, asesor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); Carmen Moreno Toscano, embajadora ante el Reino de los Países Bajos; Miguel Angel Reyes Moncayo, asesor jurídico adjunto del a SRE, y Natalia Jiménez Alegría, consejera jurídica de la misión permanente de México ante las Naciones Unidas.
En respuesta, el secretario general de la Organiación Naciones Unidas, António Guterres, dijo este jueves que la eventual expulsión de Ecuador de la ONU, como todos los asuntos relativos a la membresía, depende de los Estados miembros.
Sin embargo, Guterres, a través de su portavoz Stéphane Dujarric, trató de mitigar el conflicto bilateral al señalar que espera que “las tensiones entre Ecuador y México sean tratadas mediante el diálogo”.
También recordó que la ONU ha expresado su “condena por las flagrantes violaciones a la ley internacional (...) cuando la embajada (mexicana en Quito) fue asaltada” el pasado viernes.
La demanda mexicana no parece fácil de cumplir a juzgar por la propia historia de la ONU: desde su fundación, solo un Estado ha sido expulsado: fue en 1971, cuando Taiwán fue despojado del asiento de la República de China, que en su lugar fue entregado a la República Popular de China.
Ecuador no solo es miembro de pleno derecho de la ONU sino que en este mismo momento tiene asiento en el Consejo de Seguridad dentro de la cuota de países latinoamericanos y caribeños, un puesto que ocupa desde junio de 2022.
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Expertos internacionalistas señalan que la demanda podía tomar años o meses en resolverse.
Con información de EFE
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