Francisco Hernández Juárez, secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), apoya la idea del presidente Andrés Manuel López Obrador de desaparecer el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
“Ahora que el Gobierno de la cuatroté habla de que los órganos autónomos no le sirven al país, que deben desaparecer, en nuestro caso, creemos que el Instituto Federal de Telecomunicaciones es uno de ellos”, afirma el líder de los telefonistas en entrevista a El Sol de México.
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No solo eso. Hernández Juárez considera que el país requiere una nueva reforma constitucional a fondo que impulse una nueva política de Estado en materia de telecomunicaciones porque la aprobada en el sexenio de Enrique Peña Nieto, dice, sólo benefició a las empresas que eran competencia de Teléfonos de México (Telmex) a costa de las finanzas de esa compañía. “Y en esa directriz se impulsó la creación del IFT”.
“Actualmente Telmex tiene presencia en más de 20 mil poblaciones y la competencia sólo en dos mil. Las otras 18 mil no le interesan porque no hay beneficios, no hay ganancia, no hay clientes, mejor dicho no son zonas de altos ingresos”, dijo en entrevista a El Sol de México.
—Con el IFT bajaron las tarifas telefónicas.
—Sí bajaron, pero a costillas de Teléfonos de México. Ningún otro factor fue tan determinante como el haber obligado a Telmex a desaparecer el cobro de larga distancia y a bajar el costo de interconexión. Todo fue a costa de las finanzas de Teléfonos de México. Y lo que nos preocupa, es que ahora la empresa nos quiere cobrar a los trabajadores con no cumplir con nuestro contrato colectivo de trabajo.
—¿Ustedes fueron los paganos?
—Pues sí. La empresa misma veía venir esto. Y antes de que se aprobara la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, sacó los servicios más rentables de Telmex para llevárselos a América Móvil y ahora no tiene ingresos. Se le han caído como en 10 mil millones de pesos. No invierten y obviamente, los ingresos han caído y sus finanzas están en problemas.
Lo que quieren es que aceptemos que se mutile nuestro contrato colectivo, sobre todo en el tema de la jubilación. En eso estamos. Nosotros estamos dispuestos a apoyar a la empresa porque está en problemas, pero francamente no aceptamos que nos quieran hacer pagar los platos rotos a los trabajadores.
—De acuerdo al IFT, las tarifas bajaron en 43.7 por ciento en los últimos siete años.
—Insisto. Sí hubo baja en tarifas, pero realmente beneficiaron a las empresas de la competencia, que no crearon infraestructura. Hicieron una ley en que a las empresas de la competencia les permitieron usar toda la infraestructura existente sin tener que pagar prácticamente nada.
El beneficio fue fundamentalmente para las empresas y no para los clientes. El país no se benefició porque no aumentó la infraestructura ni la apertura en telecomunicaciones a nivel nacional. Estamos con problemas de conectividad gravísimos.
LLEGAR A TODO EL PAÍS
Hernández Juárez recuerda en entrevista que uno de los compromisos del actual Ejecutivo federal es llevar Internet a todo el país con la fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que tiene 50 mil kilómetros.
“Teléfonos de México tiene cerca de 350 mil kilómetros de redes. Ahí están, pero no parecen ser un factor que les interese. Ayudaría mucho a cumplir ese propósito”, remarca.
Es tal la necesidad, que se requeriría la red de todas las empresas en un proyecto común para llegar a cubrir el país, “pero cada quien (está) jalando por su lado. No es posible lograr esos objetivos porque el IFT eso es lo que alienta: que cada quien se la arregle como pueda, en un ambiente depredador, a ver quién gana y el país pierde”.
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“¡Y claro! El IFT, con tal de que hubiera competencia, llevó a bloquear el desarrollo de Teléfonos de México, a ponerlo prácticamente en riesgo de quiebra. Hoy ya hay competencia y el país no avanza en telecomunicaciones”.
—¿Qué se requiere?
—Se requiere presencia del Estado para que incentive a las empresas como lo hizo con Teléfonos de México cuando se privatizó y le puso como requisito, además de invertir más de dos mil millones de dólares al año, llegar a todas las poblaciones de más de 500 habitantes y modernizar la planta telefónica.
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