La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que en el programa de la Implementación del nuevo Sistema Procesal Penal Acusatorio se pagaron 215.3 millones de pesos por el arrendamiento de equipo informático sin que se hayan presentado las órdenes de servicio que avalaran el servicio prestado.

De acuerdo a la revisión de la Cuenta Pública 2016, las erogaciones para la Implementación del nuevo Sistema Penal Acusatorio ascendieron a mil 45 millones de pesos, de los cuales fueron auditados 483 millones. De estos, se encontró que 215.3 millones destinados a la renta de equipo de cómputo no contaban con los documentos de órdenes de servicio en las fechas requeridas, y se presentaron hasta 114 días después.

Esto fue considerado como una deficiencia administrativa y de los servicios contratados para la implementación del Sistema Penal Acusatorio, algo que no resulta nuevo ya que en los años 2014 y 2015 se encontró que el proveedor de la renta del equipo no cumplió con los servicios contratados, por lo que se le aplicaron penalizaciones.

Además de esa falta, la auditoría encontró otras por montos menores. Por ejemplo, se realizaron pagos por seis millones 301 mil pesos para inserciones y publicaciones antes de que fueran autorizadas por la Dirección  General  de Normatividad  de  Comunicación de la  Secretaría  de Gobernación, y se pagaron 39.5 millones de pesos contra con toda la documentación comprobatoria.

Finalmente, se detectó que en la contratación de varios servicios como impresión de gran formato o arrendamiento de equipo, se hicieron sin contrato abierto o plurianual del servicio a contratar antes de la realización de la solicitud del procedimiento de adquisición de los servicios; no contaron con las propuestas económicas obtenidas del Sistema Electrónico CompraNet.