El titular de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, diputado Pablo Angulo, informó que tras la revisión de las cuentas durante la gestión de Lorenzo Córdova como presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) se encontraron irregularidades por alrededor de 400 millones de pesos.
“En un aproximado se habló de 400 millones de pesos de la gestión anterior del INE que no solo no está transparente y opaco, sino que ya se está resolviendo en los tribunales respectivos.
“Las sanciones respectivas en los tribunales pueden ser inhabilitación de los funcionarios hasta por diez años si es una sanción administrativa grave, y también tenemos conocimiento porque lo expresó el titular del INE, que ha presentado denuncias contra ex funcionarios del INE ante la Fiscalía Anticorrupción”.
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En ese sentido, la Junta Directiva de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (CVASF) se reunió con el encargado del Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral (INE), Luis Oswaldo Peralta Rivera, quien presentó el informe de resultados 2023.
Pablo Guillermo Angulo Briceño (PRI) hizo votos para que se sancionen las conductas irregulares de los servidores públicos que no observaron la ley o que hayan hecho mal uso del recurso público.
“El trabajo es defender la autonomía de los órganos fiscalizadores, pero más importante el combate a la corrupción”.
Destacó la relevancia de conocer el informe sobre el INE en este momento en que se desarrolla el proceso electoral más grande de la historia y puntualizó que, aunque los consejeros del INE tienen la facultad de hacer reuniones o citar a comparecer al titular del Órgano Interno de Control, es la Cámara de Diputados la que tiene la facultad constitucional exclusiva de la fiscalización, y es por eso que los órganos internos de control envían semestralmente sus informes a la Cámara, mismos que son remitidos a la Comisión de Vigilancia.
Por su parte, el representante del INE, Luis Oswaldo Peralta Rivera, explicó que el informe de resultados 2023, aprobado por el Consejo General del INE en enero pasado, se divide en tres bloques: prevención, fiscalización, investigación y sanción, y además contiene información sobre los últimos 10 años en estas materias.
Relató que con la revisión de procedimientos que se hace previo a la firma de contratos con empresas se logró que no se ejerciera un gasto de 245 millones 126 mil pesos para renta de parque vehicular, porque esa erogación no era lo más conveniente para el Instituto, toda vez que resultaba más cara la renta que la compra.
Detalló que en 2019 se encontró una licitación para rentar más de mil vehículos por cerca de tres años. El pago que el Instituto debería realizar era de mil 100 millones de pesos.
“Aquí tuvimos problemas con el Instituto porque estando emanada la función del Instituto con la función del Órgano Interno de Control, diversos servidores públicos del propio Instituto pugnaron, incluso presentaron juicios ante tribunales para atacar y derribar las decisiones del Órgano, se iniciaron los procedimientos correspondientes y actualmente uno en particular está ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa”, expuso.
Puntualizó que la actual administración optó por establecer un mecanismo híbrido, es decir comprar 513 vehículos y rentar otros 500. “Si hubiéramos rentado 513 unidades hubiésemos pagado 527 millones, pero como los compramos, a pesar de cargar con el mantenimiento y la aseguranza por tres años, estaríamos pagando 243 millones y nos quedamos con nuestras 513 camionetas”.
En el bloque de fiscalización se refirió al tema de la elaboración del presupuesto del Instituto, donde apuntó que para la determinación de los presupuestos de 2015 a 2018 y en un solo ejercicio se aplicaron los criterios de presupuesto aprobado y el modificado.
Detalló que para el ejercicio 2022 y 2023 los montos de referencia se calcularon con base en el presupuesto modificado, y el actual ejercicio se hizo con el presupuesto ejercido. Para 2024, agregó, los montos de referencia del presupuesto se calcularon con base en el presupuesto ejercido en 2018, 2020, 2021 y 2022, agregándosele el factor inflacionario de 2023.
Ante este panorama, Peralta Rivera comentó que el Órgano Interno de Control ha solicitado desde 2019 que se establezcan las formas necesarias para determinar un Presupuesto Base Cero, es decir “solicitar sólo lo que estricta y genuinamente se necesite”.
En el tema de investigación y sanción, dio a conocer que a través del portal Denuncia INE en 2023 se recibieron 2 mil 407 denuncias. Agregó que no todas las denuncias tienen que ver con responsabilidades administrativas.
Mencionó que dentro de las áreas del Instituto reenvían mil 182 denuncias, a agentes externos del INE enviamos 69 denuncias y así avanzamos hasta ver que hicimos 556 investigaciones en 2023. “Tenemos en marcha 38 informes de presunta responsabilidad”.
Puntualizó que el Órgano Interno de Control tiene una adscripción administrativa a la presidencia, pero no lo supedita. “Vamos a seguir luchando por mantener la autonomía, pero tenemos una función dual; tenemos esta adscripción y fiscalizamos al Instituto. De alguna manera estamos dentro, pero también pertenecemos al Sistema Nacional Anticorrupción. Es esa dualidad la que me lleva a trabajar en conjunto”, indicó.
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