El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo este miércoles que el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, sigue en su puesto porque no se considera que haya cometido delitos graves.
El posicionamiento del mandatario se dio luego de ser cuestionado sobre los presuntos casos de corrupción exhibidos en varios audios donde supuestamente se escucha a Gertz Manero planear acciones para influir en procesos penales.
Asimismo, se mencionó el libro El fiscal imperial del periodista Jesús Lemus, en el cual se plantea que el titular de la FGR es el "eslabón más oscuro" de la administración de López Obrador y encarna la corrupción y el enriquecimiento ilícito dentro de la 4T.
Sobre esto último, el presidente comentó que no comparte la opinión del periodista, aunque cada quien tiene su criterio; sin embargo, pidió que se presenten pruebas de lo que se asevera en el texto.
Asimismo, señaló que los opositores a su gobierno pusieron en marcha un campaña publicitaria en contra del fiscal.
El presidente mencionó que si se cometen delitos graves en la función pública, los servidores públicos pueden ser juzgados y, expuso que en el caso de la Fiscalía, la remoción de su titular puede solicitarla el presidente si considera que ha cometido delitos graves. No obstante, López Obrador reiteró que no considera que esta situación se haya dado.
Dentro de los casos en los que se demostró que el fiscal incurrió en ilegalidades y habría cometido tráfico de influencias con su cargo, está la acusación que hizo en contra de su excuñada, Laura Morán, por el supuesto asesinato su hermano, Federico Gertz, y la Fiscalía de la Ciudad de México encarceló por este caso a la hija de Morán, Laura Cuevas. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que era falsa la acusación del fiscal y liberó a Cuevas.
Otro caso, donde posiblemente el fiscal hizo uso de su cargo para obtener beneficios personales, es el del empresario Ernesto Álvarez Morphy Alarcón, a quien la Fiscalía de Gertz acusó ilegalmente de fraude por la disputa de una herencia con un socio del fiscal. Sin embargo, también en este caso, una jueza del Poder Judicial determinó que la Fiscalía no respetó el debido proceso y presentó pruebas “insuficientes, ilógicas y potencialmente ilícitas”.
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