Las Comisiones de Vigilancia de la ASF y de Presupuesto y Cuenta Pública, de San Lázaro, analizan las observaciones de la Cuenta Pública 2016, misma que fue reprobada por el Pleno en octubre pasado, ya que faltan por aclarar 103 mil 337 millones de pesos; están involucrados Pemex, Sedatu y SCT.
Los presidentes de esas instancias legislativas, Mario Alberto Rodríguez (MC) y Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena), respectivamente. advirtieron que de encontrarse responsables, hayan sido los titulares o subalternos, tendrán que ser señalados y aplicarse las sanciones administrativas o, en su caso, penales.
Subrayaron que entre las dependencias que presentan más observaciones se encuentran Pemex, Sedatu, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y algunas entidades como Nayarit, Michoacán, Baja California Sur, Estado de México, Baja California, Durango y Veracruz, así como el Ramo 23 y 33 del presupuesto.
Rodríguez Carrillo explicó que para este ejercicio se conformó una mesa de trabajo, integrada por 18 diputados, nueve de cada una de las comisiones y de distintos grupos parlamentarios, la cual trabajará de manera conjunta con la ASF tanto en la obtención de información como en la ejecución de las sanciones o denuncias penales, si es el caso.
Recordó que la ASF definió cinco áreas clave con riesgos en la gestión del sector público: contrataciones al amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisidores, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; obra pública; gobernanza en la toma de decisiones de empresas productivas del Estado, finanzas estatales y las problemáticas en los programas gubernamentales que otorgan subsidios.
“Este grupo de trabajo tiene la intención de señalar los espacios donde hay irregularidades, instancias que no fueron capaces de subsanar o no han subsanado errores u omisiones y si en el proceso de revisión, encontramos nombres, por supuesto, lo tendremos que señalar, pero seremos cautelosos en eso”, indicó.
Resaltó que también se pretende priorizar áreas de mejora normativa, que fortalezcan la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, a fin de contar con entidades gubernamentales con alto valor democrático y transparentes en su actuar.
“Todo esto lo vamos a poder lograr cuanto tengamos la capacidad de desaparecer las afectaciones al erario público, la discrecionalidad en la toma de decisiones en el ámbito de lo público y disminuir el desfase de los resultados esperados y obtenidos de los programas de gobierno”, apuntó.
Ramírez Cuéllar puntualizó que al momento de rechazar la Cuenta Pública 2016, “no sólo se hizo una condena económica, sino política-legislativa al manejo económico del expresidente Peña Nieto”.
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