Desde el pasado 6 de noviembre y hasta ayer, ante el Poder Judicial de la Federación (PJF), 5 mil 774 funcionarios han presentado mil 275 demandas de amparo contra la Ley Federal de Remuneraciones para Servidores Públicos, que obliga a que ningún servidor público gane más que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
La batalla jurídica está sustentada en el amparo modelo, el cual fue elaborada por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF, con el que están dispuestos a enfrentar leyes e iniciativas de reformas legales y constitucionales por parte del Congreso de la Unión.
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Se han amparado 367 jueces de distrito, 425 magistrados, dos mil 5 secretarios de acuerdos, 418 actuarios y mil 98 oficiales judiciales, dando un total de 4 mil 313 funcionarios pertenecientes al poder judicial de la Federación.
El resto de los servidores públicos que han presentado su demanda laboran en Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Competencia Económica, la Procuraduría General de la República y el Instituto Politécnico Nacional
Los amparos aumentaron desde el pasado viernes, cuando el ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad que la minoría del Senado de la República interpuso contra el estatuto y concedió la suspensión que impide que la ley se aplique en dichos términos.
El Poder judicial también dio entrada a amparos de funcionarios del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el Instituto Nacional Electoral, el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Gobernación, entre otros.
De acuerdo al presidente Andrés Manuel López Obrador nadie debe gane más de 108 mil pesos mensuales en la administración pública federal, lo que causo irritación entre integrantes del Poder judicial de la Federación quienes fueron los primeros en impugnar dicha ley.
El pasado 5 de noviembre, el Congreso de la Unión publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal.
Con esta ley los ex presidentes de la República Mexicana dejarán de recibir las pensiones y se mandata que ningún funcionario público puede ganar las que el ejecutivo federal.
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