Su nombre apenas se menciona en unas pocas notas de prensa desperdigadas; tras el asesinato de su esposo Arturo Guzmán Loera, El Pollo, en el año 2004 en la prisión de máxima seguridad de La Palma, Estado de México, se supo que ella gestionó, sin éxito, el cambio de su pareja a otro penal.
El menor de los hermanos de Joaquín Guzmán Loera fue detenido en septiembre de 2001, ocho meses después de la fuga de Puente Grande, y un 31 de diciembre de 2004, fue acribillado a mansalva en uno de los locutorios de La Palma, hoy El Altiplano.
A Laura Elena Álvarez Beltrán, viuda de Arturo, nunca le habían abierto un proceso judicial, hasta que hace siete años la autoridad federal comenzó a monitorear a los familiares en segundo grado del Chapo.
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La fuga espectacular del capo de La Tuna, hoy en día sentenciado a cadena perpetua en una prisión de Colorado, Estados Unidos, provocó que la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda enfocaran sus baterías hacia quienes consideró que podían servir de red financiera al servicio del Chapo.
Lo hizo con Frida Muñoz Román y su hija menor de edad, Sofía, esposa e hija del finado Édgar Guzmán López (luego pareja de Julio César Chávez Júnior, con quien también procreó una niña, y hoy en día están separados.)
A Frida y Sofía les bloquearon sus cuentas bancarias, pero fueron a pelear a los tribunales, y luego de un proceso de amparo, la autoridad federal tuvo que descongelar sus ahorros. Los jueces federales determinaron que la UIF no pudo demostrar el origen ilícito del recurso depositado –no se especificó cuánto-, ni que éste sirviera para ayudar al Chapo en plena huida en esos días del 2015.
El caso de Laura Álvarez Beltrán
De acuerdo con los registros de la Judicatura Federal, Álvarez Beltrán fue otra de las mujeres familiares en segundo grado de Guzmán, a quien le bloquearon sus cuentas bajo similares argumentos, apelando a artículos del Código Penal Federal sobre operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Los últimos siete años, Álvarez Beltrán ha interpuesto tres amparos. El primero fue en 2015 ante un juzgado federal con sede en Culiacán, el cual concluyó a su favor, pero la UIF continuó con actos de autoridad que han sido combatidos por quien fuera pareja de El Pollo Guzmán.
El más reciente amparo inició el pasado 4 de mayo del presente año. Según el registro de la Judicatura Federal, Álvarez Beltrán reclamó a la Comisión Nacional Bancaria y al Banco HSBC “el impedimento de aperturar y contratar nuevas cuentas bancarias, así como el congelamiento, aseguramiento, inmovilización, bloqueo o retención total de las cuentas bancarias.”
Según los datos aportados a su defensa, Álvarez Beltrán tuvo conocimiento de estos actos el pasado 17 de marzo del año en curso.
“En los actos reclamados manifiesta que fue sujeta a un aseguramiento precautorio de sus cuentas bancarias por parte del Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones de Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Moneda de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, motivo por el cual promovió el juicio de amparo indirecto el cual dictó sentencia”, señala parte del documento en un estrado del 10 de junio pasado.
También indica que dentro de la demanda de garantías pidió un amparo contra una posible “orden de aprehensión, arraigo, detención o presentación, aunque de esto último el caso se sobreseyó al no existir mandamiento judicial de arresto”.
¿Qué busca la UIF?
La Unidad de Inteligencia Financiera ordenó a partir de agosto de 2015, un mes después del escape a través del túnel de El Altiplano, el bloqueo de cuentas de la familia identificable del capo para cercar cualquier apoyo financiero legal.
El alegado del acuerdo 52/2015 de la UFI, del 25 de agosto de ese año, señala que “se estableció que la quejosa está incurriendo en actos y operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de delitos previstos en el artículo 139 Quáter y 400 Bis del Código Penal Federal”.
Dichos artículos hacen referencia a terrorismo y delincuencia organizada. En marzo de 2016, el juez segundo de distrito de Culiacán le concedió el amparo a Laura, pero meses más tarde le cayó otro bloqueo.
En marzo de 2017, un tribunal colegiado confirmó el amparo, pero la UIF no se dio por vencida. En julio de 2021, otro juez le negó la protección de la justicia federal.
Desde entonces, Álvarez Beltrán se mantiene en el litigio para intentar comprobar que los recursos en su poder, no provienen ni dan apoyo logístico al crimen organizado.
El asesinato de "El Pollo"
Arturo Guzmán Loera era el menor de los hermanos del Chapo. Por eso le decían “El Pollo”. La PGR le atribuyó formar parte de la organización de su hermano y ocuparte de algunas actividades durante la reclusión de Joaquín, detenido en Guatemala en 1993 tras el crimen del cardenal Juan Posadas Ocampo.
Arturo fue detenido como represalia a la fuga del Chapo, y tres años después, cuando el Cártel de Sinaloa se debatía con los del Golfo, Osiel Cárdenas pagó al homicida confeso José Ramírez Villanueva, sentenciado a 42 años de cárcel, para matar a “El Pollo”.
El Chapo sabía que su hermano tenía los días contados, por eso intentó rescatarlo del penal de La Palma, pero en aquella víspera de año nuevo de 2004, siete tiros atravesaron el pecho de Arturo en uno de los locutorios del centro de readaptación. Su asesino sería condenado a otros años por este asesinato.
Fechas clave para entender el caso
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- Agosto de 2015 la UFI interviene sus cuentas.
- Octubre de 2015, Laura interpone un amparo.
- Marzo de 2016 el juez concede un amparo.
- Marzo de 2017, un tribunal colegiado confirma el amparo.
- Agosto de 2019, busca otro amparo por un nuevo bloqueo.
- Junio de 2021, el juez niega el amparo.
- Mayo de 2022, vuelve a interponer un tercer amparo.
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