Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que su Gobierno tomó la decisión de cerrar una unidad antidrogas de Estados Unidos que operaba en México con la colaboración de la DEA, debido a que estaba infiltrada por el crimen organizado.
Sin dar mayores detalles, el Ejecutivo aseguró que “eso sucedió hace más de un año, ya con el cambio de política, porque nosotros mantenemos cooperación con organismos internacionales encargados de la seguridad, pero procuramos que se respete nuestra soberanía”.
Sin embargo, minutos después el mandatario soltaría un comentario que daría luz sobre uno de los personajes detrás del cierre de esta unidad: Iván Reyes Arzate, mejor conocido como La Reina, “uno de sus jefes (que) está siendo juzgado en Estados Unidos”.
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La información se dio a conocer luego de que el martes pasado la agencia de noticias Reuters reveló que dicho grupo era una de las unidades de investigaciones especiales (SIU, por sus siglas en inglés) con presencia en 15 países que operaba bajo el entrenamiento de la DEA y que era considerada como invaluable debido a que ayudó a desmantelar poderosas redes de contrabando y encarcelar a diversos campos.
¿Quién es Reyes Arzate?
Reyes Arzate, un excomandante de alto rango de la Policía Federal (PF) de México, fue acusado desde el año 2017 por una Corte Federal de Chicago por “advertir a miembros de un cártel mexicano de la droga que eran objeto de una investigación llevada a cabo por la Administración de Drogas de Estados Unidos”.
De acuerdo con la información del Departamento de Justicia estadounidense, la información fue adquirida por Arzate a través de su posición como comandante de la PF, debido a que esta “trabajaba directamente con la DEA y la Oficina del Fiscal Federal en Chicago”.
Sin embargo, mayor luz sobre el caso la explicó el medio independiente ProPublica en colaboración con la revista National Geographic, que a través de dos reportajes publicados el año pasado explicaron que debido a la intervención de personajes como Arzate se causó la conocida Masacre de Allende en 2011 y la desaparición de cinco mexicanos de un hotel en Monterrey en el año 2010.
“Tanto la matanza allí como la de Monterrey fueron perpetradas por los Zetas y fueron provocadas, ProPublica ha determinado, por filtraciones de inteligencia que había sido provista de la SIU”, se puede leer en uno de los reportajes que establece que cinco mexicanos desaparecieron del Hotel Holiday Inn, mientras que la matanza de allende provocó más de 300 muertes.
Según la propia investigación, la DEA “había sospechado durante años que Reyes era corrupto”, pero una y otra vez “la agencia calculó que los beneficios del programa compensaban los costos”, por lo que decidieron guardarse la información.
Sobre el caso de Reyes Arzate la última noticia se dio a conocer el pasado 9 de febrero, cuando una Corte de EU sentenció a 10 años de prisión al exfuncionario mexicano, quien se declaró culpable de conspiración para el tráfico de cocaína hacía el país del norte.
Otro aspecto importante sobre Arzate es que este podría convertirse en un potencial testigo contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, señalado por diversos delitos relacionados al narcotráfico, solo para obtener una reducción de su pena a cambio de otorgar más información sobre su antiguo jefe.
AMLO vs la DEA
La confrontación entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la DEA comenzó desde que el general Salvador Cienfuegos Zepeda, exsecretario de la Defensa Nacional, fue detenido en octubre de 2020 en Estados Unidos por diversos cargos relacionados al narcotráfico y lavado de dinero que “sorprendió al gobierno mexicano”.
De acuerdo con un informe elaborado por el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos (CRS, por sus siglas en inglés), debido a la presión del Gobierno en este caso es que “Estados Unidos acordó abandonar el caso y permitir que Cienfuegos regresara a México donde fue exonerado de todos los cargos”.
Sin embargo, el mismo documento publicado por El Sol de México en marzo pasado refiere que en represalia el Congreso mexicano aprobó y el presidente López Obrador firmó una ley para limitar la actividad policial extranjera en México, incluido el trabajo de la DEA, que originalmente requería a los funcionarios estadounidenses compartir con los funcionarios mexicanos cualquier información obtenida en suelo mexicano.
“Las preocupaciones de EU de que la nueva ley impediría la cooperación en materia de seguridad entre EU y México llevaron al gobierno mexicano a suavizar la regla con respecto a cierta información confidencial; según se informa, la cooperación aún sufrió”, señala el documento.
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Hoy se sabe que una de las tantas consecuencias de este capítulo fue la disolución de la unidad antidrogas de EU en México, misma que según reveló el presidente esta mañana “antes entraban y salían por el país y hacían, ellos mandaban, hacían lo que querían, incluso fabricaban delitos”.
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