José N, exmando de la Policía Cibernética de la entonces Procuraduría General de Justicia local, fue acusado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCM) de violación a la comunidad privada y ejercicio abusivo de funciones, informó el vocero de la institución, Ulises Lara López.
Durante un mensaje a medios, el funcionario mencionó hace unos momentos que esa persona, junto con otros servidores públicos, armó un equipo de espionaje, que operaba en un domicilio de la calle Manuel Marqués Sterling, colonia Centro.
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En seguimiento a las investigaciones, que iniciaron en 2018 y llevaron al descubrimiento de ese grupo, la FGJCM solicitará a la Interpol México de la Fiscalía General de la República, la emisión de las llamadas Fichas Rojas para evitar una posible fuga del país de los posibles participantes en estas acciones.
Policías de Investigación detuvieron ayer al exmando de la Policía Cibernética en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, de donde fue trasladado al Reclusorio Norte para ponerlo a disposición del juez de la causa.
Sin embargo, su defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional para la audiencia de vinculación a proceso.
Desde el domicilio en la colonia Centro, los integrantes del grupo intervinieron ilegalmente las comunicaciones privadas de políticos y sus parientes cercanos; elaboraron fichas de identidad; diseñaron rutas y mapas de seguimiento; además de ejecutar planes con fines político-electorales.
José N estaba a cargo de operar una camioneta modelo Van, asignada a la entonces procuraduría y que era empleada para captar de manera precisa las llamadas telefónicas y mensajes de texto.
Entre las personas y sus familias espiadas, estaban funcionarios de todos los niveles gubernamentales, que hoy tienen cargos en la Presidencia de la República, el Senado, la Cámara de Diputados, el Gobierno de la Ciudad de México y la FGJCM, cuyos nombres no dio a conocer su vocero en apego a la ley y el respeto a la dignidad de las personas.
Quienes posiblemente dirigían y operaban esta célula, a sabiendas que, de darse a conocer sus operaciones, comprometería a todas las y los servidores públicos involucradas, tanto medios como altos mandos del entonces Gobierno del Distrito Federal, intentaron deshacerse de las evidencias de su delito, desmantelaron el equipo en julio de 2018, arrasaron con casi todo el equipo informático, a fin de eliminar cualquier rastro sobre sus operaciones.
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A pesar de lo anterior, una laptop con datos sobrevivió a la destrucción, por lo que fue entregada el 12 de julio de 2021 a la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, la cual estableció que José Roberto “N” y otras personas operaron entre 2013 y 2018.
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