Los gobernadores del país y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador firmaron a través de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Procuraduría Fiscal de la Federación dos acuerdos marco para armonizar las legislaciones en las 32 entidades del país con el fin de prevenir y combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita, la defraudación fiscal, el contrabando, detectar los casos de licitaciones en donde ocurren actos de corrupción con el uso de empresas fantasma y ubicar hasta el “financiamiento al terrorismo”.
En el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera se fortalece en todo el país la presencia de la institución que en cabeza Santiago Nieto y para ello se requerirá la armonización legislativa a nivel local, respecto del establecimiento y funcionamiento de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica.
Los mandatarios estatales asistentes a la LIX reunión ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), que se realiza en el Centro de Convenciones en San Luis Potosí, acordaron iniciar los trabajos homologación de criterios y plataformas de tecnologías de la información y comunicación, para integrar y diseminar los productos de inteligencia que generen las unidades locales.
El trabajo coordinado se enfocará en la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y ubicar las figuras de recuperación de bienes, producto de la delincuencia.
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Se diseñarán e implementarán políticas públicas y desarrollo de propuestas de prevención y combate al lavado de dinero.
Con el acuerdo también se comprometieron a “generar información estadística en materia de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, proliferación de armas de destrucción en masa y sus delitos predicados”.
En el caso de la procuraduría la idea es fomentar la mayor recaudación por lo que se buscar crear mecanismos para concretar la investigación de hechos relacionados con la comisión de delitos fiscales y financieros y su presentación ante las autoridades correspondientes, lo que derivará indudablemente en el pago de contribuciones.
Para inhibir conductas de delitos fiscales se fomentará el pago espontáneo de los mismos y la recaudación participable, para ello se fortalecerá el esquema de coordinación con metodologías y experiencias en materia de delitos fiscales y financieros.
“La coordinación y participación a través de mecanismos de cooperación en la materia de investigación de hechos relacionados con la posible comisión de delitos fiscales y financieros, permitirá preservar la seguridad nacional, impactando este tipo de conductas que derivan en detrimento de la Hacienda a nivel nacional, tales como defraudación fiscal, contrabando y sus respectivos equiparables”, señala el documento del acuerdo.
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