Estados más violentos deben aclarar uso de presupuesto para seguridad

Los estados con mayores niveles de violencia son, al mismo tiempo, los gobiernos con mayores anomalías en el ejercicio del gasto que la Federación destina al rubro de la seguridad.

De acuerdo con la segunda entrega del informe de fiscalización a la Cuenta Pública 2023, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), las entidades de la República no solventaron 365.7 millones de pesos provenientes de diversos fondos para reforzar la seguridad pública.

La entidad con más irregularidades es Colima, que no pudo comprobar el destino de 159.7 millones de pesos; de ellos, 141.4 millones provienen del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal y 18.2 millones corresponden al Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública.

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Según la auditoría 2023-A-06000-21-0836-2024, donde se detalla el mayor faltante, se determinó un importe por aclarar por 112.5 millones de pesos por la falta de documentación justificativa y comprobatoria que demuestre la prestación de los servicios conforme a las especificaciones pagadas, por los conceptos de “prestación de servicio de mantenimiento preventivo”, y de “arrendamiento de vehículos”.

Colima, gobernado por la morenista Indira Vizcaíno Silva, es la entidad con la tasa más elevada de homicidios dolosos. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revelan que, en lo que va del año, la entidad reporta 74.24 asesinatos por cada 100 mil habitantes, seguido muy de lejos por Morelos, con 50 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, y Baja California con 39.96.

Colima es al mismo tiempo el estado con la tasa de extorsiones más elevada, al registrar 15.22 casos por cada 100 mil habitantes y con la tercera tasa más alta de robo a casa-habitación, con 78.04 por cada 100 mil.

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El informe entregado este miércoles por la ASF en la Cámara de Diputados arroja que la segunda entidad con más insolvencias en el ejercicio de los fondos federales para seguridad pública es Chiapas, cuyas autoridades no justificaron el destino de 99.1 millones de pesos.

Al detallar la irregularidad más cuantiosa, la auditoría 2023-A-07000-21-0594-2024 se determinaron 58.4 millones de pesos pendientes de aclarar por “falta de evidencia que acredite la existencia física de 48 vehículos que fueron adquiridos al amparo del contrato CV-72-2023”.

Gobernado por el morenista Rutilio Escandón Cadenas, Chiapas atraviesa actualmente por una de sus peores crisis de seguridad. Desde 2022, debido a la confrontación de bandas delictivas, se han presentado múltiples casos de violencia en las comunidades fronterizas de Chiapas, ataques por parte de grupos armados que han obligado a los pobladores migrar a países vecinos como Guatemala para ponerse a salvo.

El expediente de la auditoría 2023-A-07000-21-0594-2024 señala que el gobierno chiapaneco debe solventar 26.3 millones de pesos por “la falta de evidencia documental que permitiera constatar que los mantenimientos se realizaron a los equipos objeto del contrato número FGE/DRMSG/004/FASP/2023 y que éstos se realizaron conforme a lo pactado, así como por la falta de evidencia que acredite la entrega de los bienes adquiridos al amparo del contrato número SSyPC/018/2023.

La tercera entidad con más gastos sin comprobar en el renglón de seguridad es Guerrero, entidad que también atraviesa por una crisis de inseguridad, la cual se puso de manifiesto el pasado 7 de octubre, cuando fue decapitado el alcalde priista de Chilpancingo, Alejandro Arcos, quien apenas llevaba unos días en el cargo.

Gobernado por la morenista Evelyn Salgado, Guerrero no justificó la utilización de 25.6 millones de pesos, según el más reciente informe de la ASF.

Según la auditoría 2023-A-12000-19-1091-2024, las principales irregularidades fueron no realizar la aportación de recursos de origen estatal a la cuenta bancaria que se abrió para el financiamiento del Fondo de Apoyo a las Instituciones de Seguridad Pública de los Municipios, en especial de aquellos con menor población o mayor grado de marginación.

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Otras entidades con irregularidades en los recursos federales para seguridad pública son Chihuahua con 18.8 millones de pesos, Morelos con 16.1 millones, Sinaloa con 8.4 millones y Zacatecas con 8.4 millones de pesos.