Por mayoría legisladores aprobaron en sesión ordinaria reformas a la Ley de Desarrollo Social para establecer la restricción de entregar los apoyos de los programas sociales en efectivo, para municipios con más de 90 mil habitantes.

La propuesta fue presentada por el diputado Rubén Guajardo Barrera porque disminuir el uso de dinero en efectivo en las transacciones gubernamentales permite combatir la corrupción, porque desincentiva el desvío de recursos públicos que no deja huella digital o bancaria.

Con la reforma se contempla abarcar a la Capital con poco más de 824 mil habitantes; Soledad de Graciano Sánchez con 309 mil, Ciudad Valles con 177 mil, Matehuala con 99 mil; Rioverde con 94 mil y Tamazunchale con 92 mil o aquellos que cuenten con servicios bancarios, esto último en prevención a que en un futuro se sumen más ayuntamientos.

Consideró que la aprobación hecha por el pleno permitirá facilitar y simplificar los trámites, procedimientos; y mecanismos que garanticen que los programas sociales para que no sean usados con fines electorales o de promoción personal de los servidores públicos.

Guajardo Barrera manifestó que desde 2019, la tendencia para el manejo financiero de los programas públicos, pero también de la economía en la sociedad y las familias, es una creciente supresión del dinero en efectivo y la utilización de los avances tecnológicos que permiten, por razones de seguridad inclusive, no tener que transportar el dinero físicamente.