Violencia física, sexual o económica; en el 40% de los casos de la Red de Abogadas

La Red de Abogadas ha atendido alrededor de 500 casos de violencia contra la mujer y, en muchos de ellos, las mujeres no pueden acceder a los recursos económicos familiares

Alejandra Ruiz/ El a Sol de San Luis

  · lunes 14 de octubre de 2024

Juana María Olivo / El Sol de San Luis

Sandra Cano Miranda, coordinadora de la Red de Abogadas, ha revelado que de los más de 500 casos que han atendido, el 40 por ciento corresponde a situaciones de violencia física, sexual, psicológica o económica. Esta red, conformada por más de 30 abogadas, brinda asesoría jurídica gratuita a mujeres, niñas, niños y adolescentes que enfrentan diversas problemáticas legales tanto en Soledad de Graciano Sánchez como en la capital potosina.

La mayoría de los casos están vinculados a violencia familiar y pensión alimenticia, pero también abordan situaciones de acoso laboral y sexual.

Juana María Olivo / El Sol de San Luis


Diversos tipos de violencia

Cano Miranda destacó que las mujeres que acuden a la red muchas veces no son conscientes de la variedad de tipos de violencia que enfrentan. Aunque inicialmente llegan por casos de violencia física, durante las asesorías se detecta también violencia psicológica, emocional y patrimonial. En muchos casos, las mujeres no pueden acceder a los recursos económicos familiares, lo que constituye una forma de violencia patrimonial.

Juana María Olivo / El Sol de San Luis


Un proceso ágil de apoyo

La Red de Abogadas tiene un sistema eficiente de atención: las mujeres pueden contactarlas a través de redes sociales o WhatsApp, y en menos de 24 horas una abogada especializada se comunica con ellas para brindarles asesoría. Cano Miranda subrayó la importancia de ofrecer acompañamiento a mujeres en situación de vulnerabilidad, destacando que muchas veces no denuncian por el complejo proceso institucional al que se enfrentan.

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A través de su labor, esta red ha visibilizado la necesidad urgente de mejorar la atención a víctimas de violencia y generar mayores recursos para las instituciones que deben garantizar su protección.