Las administraciones municipales salientes pudieran irse con un “bono de marcha” si lo incluyeron en su presupuesto de egresos para este año, reconoció Rocío Elizabeth Cervantes Salgado, titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

La funcionaria indicó que ahora que los ayuntamientos se encuentran en su recta final, la ASE estará vigilante para evitar que se den compensaciones irregulares a los funcionarios salientes o que se contraten deudas que excedan el plazo de la administración saliente.

Manifestó que “para los funcionarios municipales todo pago debe estar respaldado por su Presupuesto de Egresos, ningún pago que no esté contemplado en su presupuesto y que no tenga disponibilidad financiera podrá ser considerado como válido, sino que tendrá que ser observado como improcedente”.

En ese sentido, indicó que si los ayuntamientos presupuestaron una compensación para sus funcionarios y tienen disponibilidad financiera para hacerlo, pueden irse con ese recurso extra, siempre y cuando no tomen el dinero de otros rubros para hacerse ese pago.

Además indicó que la ASE será testigo presencial de la entrega-recepción de los ayuntamientos y verificará que se cumplan los formatos que marca la ley, por lo cual ofrecerá capacitación a las comisiones de entrega de las administraciones salientes y las comisiones de recepción de los nuevos ayuntamientos, para que conozcan los lineamientos del proceso de entrega-recepción.

Cervantes Salgado aclaró que la ley establece que el proceso de entrega-recepción debe iniciar 45 días antes de que concluya la administración, por lo que las capacitaciones se realizarán en la primera semana de septiembre.

Además destacó que una de las cuestiones a aclarar, es que el mobiliario, documentos e información, no pertenecen a los funcionarios municipales, sino al ayuntamiento como institución, por lo que comprobantes, facturas, actas de cabildo, mobiliario y demás, no puede desaparecer o ser destruido, y en caso de que ocurra, se establecerán sanciones ya que constituye una falta grave.

Por otro lado, la titular de la ASE dijo desconocer el informe final de la auditoría externa que se hizo a la revisión de las cuentas públicas de 2016, ya que ese informe fue entregado directamente a la Comisión de Vigilancia del Congreso, que fue la que contrató al despacho externo a raíz de la denuncia de corrupción en el Legislativo.

Reconoció que hubo observaciones a todos los entes auditables y que la ASE tuvo que presentar el desahogo de dichas observaciones, aunque ya está en manos del Congreso la decisión de reponer la fiscalización hecha a las cuentas de 2016.