Gobierno del Estado ha mantenido una condición de austeridad en la actual administración, lo que ha permitido solventar compromisos financieros.

Así lo consideró el titular de la Contraloría General del Estado, Gabriel Rosillo Iglesias, quien no descartó que se presenten amparos, ante la nueva disposición federal de reducción de salarios.

El funcionario estatal abordó el tema en torno a la disposición que ha anunciado el presidente de México electo, Andrés Manuel López Obrador, para que exista austeridad en el gobierno, “aquí serían los burócratas y los sindicatos quienes tendrían que contestar ante una posible reducción”.

Insistió en que podría haber amparos, sería la determinación de cada individuo, “hay una Ley, que es de carácter federal, con implicaciones a nivel nacional, habrá gente que se ampare”, reiteró.

Finalmente en el tema, explicó que en estricto sentido, el salario del Gobernador del Estado será decisión de los diputados locales, “ellos autorizan el presupuesto de egresos”.

En otro orden de ideas, destacó que la dependencia a su cargo, finalmente logró que un tribunal resolviera a su favor, para aplicar sanciones económicas y administrativas, en contra de ex funcionarios del Sistema Estatal DIF, por cometer diferentes irregularidades en la administración estatal pasada.

El titular de la Contraloría General del Estado reveló que, a pesar que dos ex funcionarios habían tramitado juicios de amparo para impedir las sanciones, un tribunal resolvió a su favor, por lo que, además de una multa económica, los ex funcionarios serían inhabilitados para desempeñarse 10 años dentro de la función pública.

Finalmente indicó que un juez les dio la razón, “resolvió a nuestro favor, solo esperamos a que la sentencia cause efecto para proceder con las sanciones”, los involucrados sostenían que esa dependencia gubernamental, no tenía atribuciones suficientes para aplicar sanciones.