Integrantes del colectivo Cuidadoras Potosinas, se presentaron la mañana de este jueves 28 de septiembre ante el Poder Judicial de San Luis Potosí, para presentar algunas quejas a la Magistrada María Manuela García Cázares, Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia.

Esto por la dilación de pensiones alimenticias y sentencias de denuncias por violencia vicaria, en dónde las víctimas son madres cuidadoras de personas con discapacidad y adultas mayores.

"Esta manifestación es pacífica y queremos dar a conocer que desgraciadamente la mayoría de las madres cuidadoras estamos en juicios pendientes de pensiones alimenticias o seguimos esperando una sentencia. En mi caso sigo esperando un juicio de incidente de aumento de pensión alimenticia de mi hijo con discapacidad y mi hija sana de 14 años, muchas madres cuidadoras estamos peleando que nuestras sentencias se emitan y los jueces dejen de ejercer violencia institucional , que los secretarios de acuerdos y los magistrados se pongan a hacer su trabajo", señaló la presidenta de Cuidadoras Potosinas, Mariana Noriega Hernández.

Quien también remarcó que estas problemáticas son algunas de las dificultades que enfrentan las mujeres cuidadoras , a pesar de que su contexto diario implica además de cuidar, realizar trabajos extras para poder solventar los gastos por la ausencia de estas pensiones.

"Hoy hacemos responsables a los jueces, sobre todo del Juzgado Quinto familiar porque ha sido un juzgado omiso en emitir, sentencias de incidentes de pensión alimenticia y de pensiones alimenticias que no han sido capaces de priorizar el interés superior del menor", sostuvo.

En total este colectivo con el apoyo de la asociación civil Derechos Humanos Samuel Ruiz, presentaron un total de tres quejas ante la presidencia del Poder Judicial.

"Hoy se presentan tres quejas formales y seguimos elaborando quejas, la mayoría de las quejas se concentran en el Juzgado Quinto Familiar, hay otras en el tercero y en el primero, pero la mayoría están en el quinto y coincidentemente en el quinto familiar son las quejas que tienen un período más largo sin que emitan sentencias".

Las afectadas remarcaron que se trata de casos en los que menores de edad con discapacidad se ven afectados, que requieren apoyos especiales y que sin las pensiones y sin las sentencias, no pueden acceder a los beneficios que les corresponden por derecho y por ley.

"El órgano colegiado que es el Consejo de la Judicatura debe conocer de esta quejas y debe investigar y debe pedir un informe para que los magistrados revisen el actuar de los jueces y cuáles son las omisiones. Nosotros consideramos que ha pasado demasiado tiempo, hemos visto una anomalías".