Esta semana se llevará a cabo una nueva audiencia en torno al caso Rich, en donde las víctimas prevén negar una negociación con los imputados; además, a finales de mes, funcionarios estatales y municipales que pudieron haber incurrido en omisiones, deberán presentarse ante un juzgado federal.
Luego de que la defensa de los imputados planteó la suspensión condicional del proceso que se sigue en contra de Ulises, Francisco y Nancy por el accidente ocurrido en el antro Rich el 7 de junio, esta semana se tendrá una audiencia en donde buscan negociar con las víctimas para recuperar su libertad.
Al respecto, Ramón Infante Guerrero, padre de Manuel Alejandro, uno de los dos jóvenes que perdieron la vida en el accidente, indicó que la negociación "no tiene cabida", además de que sería prematuro hacerlo dado que aún hay jóvenes convalecientes por las heridas que sufrieron, que están en terapia física o psicológica, y una de ellas incluso sigue hospitalizada, por lo que "aún no se conoce en definitiva los daños".
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También señaló que derivado del amparo que presentó la defensa de los imputados para revertir la medida de prisión preventiva, el Juzgado Sexto Federal requirió la comparecencia de funcionarios estatales y municipales que se encuentren en el presunto acto de omisión, se va a pedir que se presenten y testifiquen para que formen parte de la ruta crítica de investigación. Y aunque no se puede anticipar si se les fincarán responsabilidades, destacó que al menos serán llamados por la justicia federal.
Por otro lado, dijo estar a la espera de que el alcalde capitalino dé a conocer los resultados de la investigación que realizó la Contraloría Interna del Ayuntamiento en torno a este caso, "ojalá no resulte una investigación hecha a la carta, porque sabemos que las contralorías están facultadas para investigar problemas administrativos, no del tipo que se está tratando, donde hubo lesionados y pérdida de vidas".
Finalmente, Infante Guerrero reprobó que la parecer, la Contraloría del Estado sigue apostándole a que el caso quede en el olvido para no tener que sancionar a funcionarios estatales que pudieron haber incurrido en omisiones en sus responsabilidades.