CIUDAD VALLES S.L.P.-(OEM-Informex).-Que la ciudadanía impida que la deuda publica del Ejecutivo Estatal, sea aprobada, tomando en cuenta que realizan la revisión de la mism, asi como de los 58 ayuntamientos, lo cual se pospuso por el proceso electoral que ya termino, razón por la cual se postergo esto.

Asi lo expreso Jesús Sierra Acuña, luchador social, quien dijo…..”Voy a tratar de convencer a la mayor cantidad de gente posible, para impedir que esto se logre, porque se busca que sean los diputados actuales quienes mas que vigilar por los intereses de la ciudadanía, están al servicio del ejecutivo y con un “chasquido” de dedos, actúan en base a lo que se les ordena”.

Continuo diciendo…..“El congreso del estado está solicitando que sean los diputados actuales quienes revisen la deuda, pero todos estamos de acuerdo en que los legisladores en turno no son de fiar, ya fuimos testigos de sus excesos y robos al erario publico, lo que no se castigo, debido a que la justicia se vende al mejor postor”.

“La exigencia es que sean los próximos diputados quienes revisen las cuentas, ya que no están maleados y además serán mayoría y no tienen nexos con el partido oficialista, por ello la ciudadanía debe hacer eeste planteamiento y reclamar que las cosas por lo menos, una vez se hagan bien”.

Tambien pide a los diputados que tomaran posesión en la siguiente legislatura que se empapen sobre el tema de la deuda publica, para que sepan de qué se trata porque la Auditoria Superior del Estado (ASE) está más modo que la anterior, por ello es que la es la ciudadanía la que debe decidir sobre esto.

Señalo tajante…“Se trata de nuestro dinero y no es justo que una camarilla de ladrones decidan sobre como gastarlo, y que sean ellos quienes con inventos se beneficien aparentando que se dan apoyos a gentes necesitadas, lo cual es falso”.

Se refirió a las denuncias que se presentaron en contra de diputados, mismas que están “congeladas” porque no se quiere actuar en contra de los mismos, pese a que se presentaron las pruebas suficientes, por ello es que se exige que la ley sea aplicada sin distinciones.

Además hay asuntos que están sin aclararse, como los 500 millones de pesos que entran al Estado por parte del invernadero “Santa Rita”, de lo que nadie sabe en qué y cómo se está gastando y las dependencias no dan información, “solo se echan la bolita entre ellas”.