Habitantes del ejido “Las Palmas”, en Tamuín, planean una manifestación y bloqueo para exigir el desalojo de Cemex y Termoeléctricas, toda vez que su instalación ha sido desde un principio ilegal. Señalan que las empresas cuentan con el apoyo de las autoridades que se encargan de hacer valer la ley, pues no toman en cuenta las peticiones de los ejidatarios ni las advertencias del grave problema ecológico que implica su operación; además, se niegan a realizar la investigación correspondiente.

Así lo declaró Ernesto Márques Torres, apoderado legal de Las Palmas, quien también denunció la corrupción en la Suprema Corte de Justicia a nivel federal, al dar la razón a estas empresas y no a los ejidatarios, tampoco reconoce que los terrenos donde están fueron expropiados, y cuyo fin, en un principio, eran para crear el corredor industrial para Tamuín. En lugar de eso, se apropiaron de los terrenos dichas compañías.

Lo grave es que ahora estas empresas —con mucho poder— aseguran que el Gobierno del Estado les vendió las tierras a 900 pesos la hectárea, lo que forma parte de la corrupción que prevalece en la entidad. Por ello, el gobierno se mantiene callado y no interviene en lo más mínimo. El problema no es reciente, sino que se viene arrastrando desde hace tiempo, afectando al ejido severamente.

Incluso los gobiernos estatal y municipal visitan más a las empresas mencionadas que al ejido Las Palmas, el cual carece de infraestructura y otras necesidades que no escuchan las autoridades. Un ejemplo es la Alcaldesa Grecia Sánchez, quien en campaña hizo compromisos con la población y conoció la situación que enfrenta. Tal parece que ya se le olvidó, porque no ha cumplido en ningún momento.

Fueron más de 2000 hectáreas las que le expropiaron al ejido, donde se permitió la instalación de Cemex y las Termoeléctricas. Se trata de empresas particulares, por lo tanto, estas tierras no se utilizaron para el fin que se expropiaron, siendo todo un negocio el que hicieron las mismas autoridades.

Asimismo, señaló que no hay temor de que les inventen delitos, porque es diferente la forma de gobernar del Ppresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pero es el riesgo que se corre, porque los dueños de estas empresas son extranjeros muy poderosos.